Liaño abre un procedimiento para unir el vídeo sexual del director de 'El Mundo' al caso GAL

Javier Gómez de Liaño, juez de la Audiencia Nacional, ha abierto un sumario para unir el vídeo sexual del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, al caso GAL. La decisión se ha producido a instancias de Ramírez, que guardó a que el juez estuviera de guardia para presentar a un testigo, Alfonso Rodrigo, quien denunció una trama para realizar montajes contra todos los que investigaron a los GAL. Liaño ha interrogado durante tres días al testigo, al que ha otorgado la condición de protegido y ha decretado el secreto sumarial. Anoche, el juez ordenó detener a os personas cuya identidad no fue revelada.

Fuentes jurídicas resaltaron ayer que Liaño se ha saltado las normas de reparto de la Audiencia, puesto que en el dudoso caso de que los hechos fueran competencia de la Audiencia Nacional, como no fueron cometidos durante la guardia, el magistrado debería de haberlo pasado a reparto entre todos los juzgados. Si por el contrario, añaden las mismas fuentes, el asunto no es competencia de la Audiencia porque hace referencia sólo al vídeo sexual de Pedro J. Ramírez, el juez debería de haber remitido ya el testimonio a la titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, Ana Revuelta, quien desde el 16 de octubre tiene abiertas diligencias sobre el caso. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, declaró anoche a las agencias Efe y Europa Press que la fiscalía estuvo siempre informada de la actuación de Gómez de Liaño, dirigida, según Fungairiño, a impedir la actuación de "una posible banda criminal".El fiscal jefe dijo que la investigación abierta por Liaño "no tiene relación con otras actuaciones judiciales que tramita el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid". El testigo Alfonso Rodrigo, ex consejero delegado del Ya, el diario que se ha distinguido por sus ataques a Ramírez y El Mundo, fue separado de su cargo hace 15 días, según fuentes de este periódico. Rodrigo declaró durante las tardes de los días 17, 18 y 19, y, según fuentes de la Audiencia, su declaración versó fundamentalmente sobre el video sexual de Ramírez, el diseño de la operación y las personas que intervinieron en su distribución. Entre los directamente acusados por Rodrigo figuran el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el propio Rodríguez Menéndez, que durante unos días pretendió la defensa de Exuperancia Rapú Muebake, la española de origen guineano que protagoniza el vídeo junto a Ramírez.La justificación de Liaño para intervenir es que el citado testigo habría declarado que los distribuidores de la cinta forman una trama para realizar montajes contra todos aquellos que investigaron los GAL y que estaría dirigida por Vera. El juez asume así la tesis del director de El Mundo, según la cual la banda de los GAL sigue actuando y Pedro J. Ramírez sería la víctima número 29. Como ejemplo que cuadra con esta tesis, Rodrigo habría apuntado a que las mismas personas involucradas en la distribución de la grabación de Ramírez tenían la intención de trucar unas fotos para que pareciera que el juez Baltasar Garzón consume drogas. Los fiscales Ignacio Gordillo, Jesús Santos y Enrique Molina han asistido, uno cada día, a la declaración de Rodrigo, pero ninguno de ellos se ha cuestionado que el caso no sea competencia de la Audiencia Nacional ni ha criticado que Liaño haya asumido el asunto sin pasar por el reparto. Las declaraciones han sido incluidas en las diligencias previas abiertas por el juez con el número 334/ 97, que ha declarado secretas. Gómez de Liaño ordenó ayer una serie de actuaciones en relación con el caso, entre otras el registro del despacho profesional del abogado Rodríguez Menéndez. En el auto dictado del juez se señala que se está investigando a un grupo organizado para delinquir cuyo objetivo es desprestigiar a periodistas, políticos y magistrados, y que los posibles delitos son asociación ilícita, encubrimiento y amenaza con chantaje.

En el despacho de Rodríguez Menéndez, la comisión judicial se incautó de varias cintas de vídeo, que, según fuentes del despacho, tratan de algunas urbanizaciones o tienen contenidos publicitario. Todas fueron precintadas al carecer la comisión judicial de magnetoscopio para proyectarlas.

Fuentes de la Audiencia Nacional han señalado que Gómez de Liaño se plantea requerir a la juez Revuelta para que se inhiba en su favor en el conocimiento del caso del vídeo sexual de Pedro J. Ramírez. Esta magistrada, mientras tanto, acordó ayer citar a declarar a Ángel Patón, uno de los presuntos intermediarios en la venta del vídeo. Los abogados de Ramírez habían solicitado que se registrasen dos despachos utilizados por el presunto filmador de la grabación, José María González Sánchez-Cantalejo, pero la fiscal Ana Vargas se ha opuesto alegando que los registros son inútiles porque las oficinas del Paseo de la Castellana 210 y de la Plaza de la Remonta de Madrid, habían sido mencionadas en las informaciones de El Mundo. La juez sí acordó la detención de González Sánchez Cantalejo al no estar localizable en su último domicilio conocido. Los letrados de Ramírez han solicitado también que se les facilite copia de los efectos intervenidos en el registro del domicilio de Exuperancia Rapú Muebake, Emma, entre los que figura una agenda en tamaño octavilla que consta de 21 páginas en la que, según algunas fuentes, se narran los hechos de forma distinta a como figuran en su segunda declaración ante la juez, que reprodujo El Mundo.