Aznar confirma el 'medicamentazo' y avisa que la alternativa es cobrar a los pensionistas

El presidente del Gobierno, José María Aznar, confirmó ayer en el encuentro que celebró en La Moncloa con los líderes sindicales Antonio Gutiérrez, de Comisiones Obreras, y Cándido Méndez, de UGT, su decisión de acudir al medicamentazo -la salida de la financiación pública de una lista de 500 fármacos- para costear la financiación sanitaria adicional. Aznar les dijo que su decisión a favor del medicamentazo era tan firme que la única alternativa era la participación de los pensionistas en el pago de medicamentos, aún más impopular, según reconoció Gutiérrez tras la entrevista. Un portavoz del Gobierno aclaró después que Aznar no se plantea cobrar los fármacos a los pensionistas sino que se reafirma en el medicamentazo.

Aznar hizo ayer su primer pronunciamiento sobre el último conflicto que divide al Gobierno y CiU: la aplicación del medicamentazo. Lo hizo ante los líderes sindicales, a sabiendas que es una medida impopular y que, además, su partido, el PP, criticó duramente en su etapa de oposición al Gobierno socialista cuando la adoptó en 1994. La impopularidad de la medida la ha convertido en una patata caliente que no quiere asumir el principal socio del Gobierno, CiU, que es a su vez el principal demandante de que el Ejecutivo aumente la financiación sanitaria con medidas adicionales a las presupuestarias. "No es plato de buen gusto retirar medicamentos de la financiación pública, pero el Gobierno entiende que es una medida necesaria para financiar la sanidad", afirmó ayer el, portavoz del Ejecutivo, Miguel Angel Rodríguez.No obstante, el Gobierno está perplejo por la decisión adoptada ayer por CiU de oponerse al medicamentazo. Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda ratificaron ayer que existía desde el pasado viernes un preacuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas que tienen traspasado el Insalud, incluida la Generalitat catalana, sobre el medicamentazo y atribuyen el cambio de posición de la Generalitat a problemas internos de CiU.

Pero el Ejecutivo no cree que este último conflicto termine en una ruptura con su principal socio de Gobierno. "No estamos en vísperas electorales. Le vamos a dar tiempo al señor Almunia para que se prepare para unas elecciones", dijo Miguel Angel Rodríguez como respuesta a las declaraciones de la víspera del secretario general del PSOE en las que señaló que el nuevo conflicto entre el Gobierno y CiU olía a elecciones anticipadas.

Negociación complicada

No obstante, la negociación del Gobierno con las autonomías sobre el medicamentazo se ha complicado cuando faltan menos de quince días para que venza el plazo para aprobar la financiación sanitaria adicional y se tramite en el Senado como enmienda. Ayer, no sólo CiU y el PSOE se oponían al medicamentazo. También lo hacían los sindicatos y el propio presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas. Éste rechazó la posibilidad de que se destinen a la financiación de la sanidad los ingresos obtenidos en la lucha contra el fraude en las prestaciones por la incapacidad laboral temporal. Ésta es, junto con el polémico medicamentazo y un fondo adicional, una de las tres fuentes de las que el Gobierno pretende obtener el dinero para conseguir los 165.000 millones de pesetas de financiación sanitaria adicional. Por este procedimiento, el Gobierno estima que puede obtener entre 40.000 y 50.000 millones.El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, que preside junto con el titular de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el organismo que decidirá definitivamente las fuentes y el reparto de la financiación sanitaria adicional, dirigió ayer una crítica a la Generalitat catalana y a los gobiernos de otras comunidades autónomas por defender el aumento del gasto sanitario y endosarle posteriormente al Gobierno la responsabilidad de buscar el dinero para financiarlo.

Rajoy aseguró que el Gobierno trataría de encontrar fórmulas satisfactorias con las autonomías; pero, tras admitir que "gastar es muy popular, pero recabar mayores ingresos no lo es tanto", señaló significativamente que "al final será el Gobierno el que tenga que asumir la responsabilidad" en el caso de que no se llegue a un acuerdo.

El ministro salió al paso de las críticas de algunas comunidades del territorio Insalud, como la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, y respondió que la financiación sanitaria adicional afectaba a las siete comunidades que tienen traspasado el Insalud.