Abusos en los salarios y en las indemnizaciones

Los auditores públicos descubrieron en su análisis de Madrid 92 una serie de irregularidades, hasta 13, que podrían dar lugar a "responsabilidades contables", por lo que el Tribunal de Cuentas decidió, en abril de 1997, abrir una pieza separada para investigar en profundidad estas anomalías y dio cuenta de ellas al Ministerio Fiscal. El Consorcio Organizador de Madrid 92 estuvo integrado por representantes de las tres Administraciones: el alcalde, José María Álvarez del Manzano, era el presidente; y los socialistas Joaquín Leguina, entonces presidente regional, y Jordi Solé Tura, ministro de Cultura, los vicepresidentes.El Consorcio Madrid 92 gastó 7.138 millones en la organización de los actos culturales. Esta cantidad salió de las aportaciones de las tres Administracione públicas (1.976 millones), el patrocinio privado (1.658 millones), los beneficios obtenido por dos sorteos extraordinario de lotería (3.034 millones) y la emisión de sellos y monedas (107 millones).

El Tribunal de Cuentas descubrió conciertos que no se celebraron nunca pero que costaron decenas de millones; contratos con empresas por cuantías muy superiores a las permitidas; propuestas de gastos que no firmaba nadie y que nadie fechaba; horas extras apuntadas por el que las hacía y no autorizadas por ningún superior; nulo control del taquillaje de los espectáculos; talones bancarios emitidos antes de la orden de pago; sueldos muy superiores a los aprobados...

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Milagros García Crespo, compareció en el Congreso el pasado septiembre para explicar que había existido descontrol en la gestión del Consorcio y que se habían malgastado 120 millones "en retribuciones y gratificaciones indebidas o mal justificadas".

La pieza separada abierta a raíz de estos descubrimientos pretende "concretar los hechos, los posibles responsables, tanto directos como subsidiarios, y el importe total de los perjuicios ocasionados a los caudales públicos".

A diferencia del informe sobre la gestión de la Expo 92, .donde los auditores públicos encontraron un solo indicio de responsabilidad contable en el pago de indemnizaciones, en la gestión de Madrid 92 el Tribunal de Cuentas define cuatro apartados con hasta 13 irregularidades donde ha podido existir responsabilidad contable. Son los siguientes:

-La Junta de Gobierno aprobó un sueldo para Pablo López de Osaba, el director general del Consorcio, de 9,5 millones anuales en 1992. Cobró 12.375.000 pesetas. Además, en septiembre de ese año, López de Osaba ingresó 1.030.000 pesetas por una gratificación extra que nadie aprobó y en junio de 1993, una indemnización "indebida", según el Tribunal, de 610.848 pesetas. El Consorcio pagó 9,3 millones por el alquiler anual de casa y garaje para López de Osaba, pero ningún órgano de Gobierno aprobó ese gasto.

- El secretario general del Ayuntamiento, Marlo Corella (ya jubilado), el interventor municipal, Vicente Arnau (en activo), y el director económico administrativo, Norberto Tena, cobraron un sobresueldo del Consorcio, en el que trabajaron al mismo tiempo que en el Ayuntamiento.

- Hubo incremento de sueldos al personal del Consorcio sin autorización de la Junta de Gobierno; se abonaron atrasos "por periodos anteriores al inicio de la relación" laboral e indemnizaciones indebidas por bajas voluntarias; y existieron pagos excesivos por liquidaciones de contratos y por horas extraordinarias sin estar autorizadas o sobrepasando el límite legal del Estatuto de los Trabajadores.

- El concierto, nunca celebrado, que debían organizar Amnistía Internacional y Music Managers le costó al Consorcio Madrid 92 más de 20 millones. El Tribunal de Cuentas no ha encontrado ninguna "factura o documento" que justifique ese pago.