La piedra y la mano

Hoy comparece ante la comisión mixta Congreso-Senado de relaciones con el Tribunal de Cuentas la presidenta de esa institución, Milagros García Crespo, para aclarar las incertidumbres creadas en torno al informe sobre la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Hace diez días la agencia Efe -una empresa paraestatal controlada por el Gobierno- adelantó de manera tan sesgada como confusa unas conclusiones de ese documento muy adversas para los socialistas. Aunque Milagros García Crespo declaró pocas horas después que el informe no denunciaba hechos delictivos, el circuito de los rebotes maliciosos dentro de los medios de comunicación progubernamentales ya había iniciado su andadura. Al día siguiente El Mundo titulaba a cuatro columnas: "El Tribunal de Cuentas detecta graves indicios de corrupción en la Expo 92". A partir de ese momento, los columnistas y tertulianos del equipo habitual compitieron en gracejo para comentar el nuevo escándalo de corrupción de los socialistas.No es aventurado suponer que la empresa paraestatal y el periódico oficioso del PP manipularon a sabiendas el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Expo: la agencia Efe incluso retuvo durante cierto tiempo la noticia del desmentido de Milagros García Crespo. Los posteriores deslizamientos de los portavoces gubernamentales desde las imputaciones delictivas por corrupción hacia las acusaciones administrativas por irregularidades contables y las críticas morales por despilfarro han sido tan sólo una maniobra poco gallarda para salvar la cara; aunque la Expo -la candidatura fue presentada por un Gobierno de UCD y Olivencia fue su comisario hasta 1991- hubiese sido una derrochadora ceremonia de potlatch, las costumbres dispendiosas no son habitualmente delitos.

Al igual que puede ocurrir en cualquier otro acontecimiento -pasado o presente- financiado con recursos públicos, no cabe descartar que se hayan producido casos de corrupción en la Expo. Pero habrá que probarlos. Tampoco la honradez personal de los directivos de la Expo (avalada hasta el momento por la presunción de inocencia favorable a todos los gestores de fondos presupuestarios -incluidos los miembros de la actual Administración mientras no se demuestre lo contrario) serviría a los socialistas para evadir sus responsabilidades por los escándalos de corrupción que salpicaron sus trece años de gobierno: desde la financiación ilegal del PSOE a través de Filesa hasta los casos de Luis Roldán, Gabriel Urralburu o Mariano Rubio, pasando por el gansteril reparto de fondos reservados entre los altos cargos del Ministerio del Interior. Pero el dicho según el cual quien hace un cesto hace ciento sólo expresa la poca fe del refranero en la condición humana; y en este caso, además, la esperanza de que todos los militantes del PSOE sean ontológicamente corruptos.

En cambio, la cazurra condena aldeana a quienes tiran la piedra y esconden la mano cuadra a la perfección con este episodio. Los dirigentes del PP recurrieron el pasado enero a ese ventajista procedimiento cuando afirmaron que el Gobierno de González había perdonado 200.000 millones de deuda tributaría a sus amiguetes: una acusación no retirada todavía por Aznar, pese a que una comisión de investigación parlamentaria (con participación de los diputados del PP) rechazó hace meses esa imputación y el juez Garzón acaba de sobreseer un sumarlo sobre ese asunto. La agencia Efe sigue expeliendo tinta de calamar para negar que haya manipulado noticias sobre el informe del Tribunal de Cuentas. Un portavoz parlamentario del PP llamado Ramón Aguirre exige a los socialistas que reintegren las cantidades robadas si quieren ser perdonados: "Sólo les queda devolver todo el dinero público que se han llevado". ¿No sería mas adecuado que la agencia Efe y ese parlanchín diputado popular pidieran disculpas a la opinión pública por sus maliciosos comportamientos?