Lengua y consenso
EL PACTO alcanzado el sábado pasado entre CiU y los socialistas catalanes garantiza a Pujol la mayoría necesaria para aprobar la nueva ley del catalán. El acuerdo ha estado precedido de la aceptación por los convergentes de una serie de enmiendas al anteproyecto que matizan algunos de los aspectos más esquinados del mismo. Sin embargo, el proyecto no cuenta todavía con el respaldo de los otros grupos: Esquerra Republicana lo considera demasiado moderado, y el PP, demasiado radical. La ampliación del consenso es imprescindible en el debate parlamentario que ahora se abre, pues la nueva ley debe sustituir a la de 1983, respaldada en su momento por todos los partidos. Una ley con insuficiente base parlamentaria sería impugnable socialmente y vulnerable jurídicamente.Si la ley de 1983 hizo hincapié en la escolarización, el actual proyecto se propone promover la implantación pública de la lengua en el comercio, los servicios, los medios de comunicación y la Administración. Conseguir este objetivo sin romper el consenso social y parlamentario que rodeó la anterior ley y sin atentar a los derechos individuales era el reto que se había propuesto el consejero de Cultura, Joan Maria Pujals, mediante la creación de una ponencia parlamentaria conjunta y la consulta a las principales instituciones y asociaciones representativas de la sociedad catalana.
Al final del proceso, iniciado hace ocho meses, Pujals se ha asegurado el respaldo parlamentario suficiente para aprobar la ley, pero no ha alcanzado plenamente los otros objetivos. El nuevo texto tiene menos consenso que el anterior y conserva un aire coercitivo, aunque ha desaparecido alguna de las exigencias más polémicas del proyecto inicial. Se ha eliminado la insensata propuesta de exigencia de disponibilidad lingüística: obligación para todo comerciante o profesional de prestar atención al usuario en la lengua que éste elija. También se excluye la eventualidad de sancionar a los particulares en cuanto tales, si bien a partir del año 2002 podrán serlo en cuanto comerciantes si, por ejemplo, no respetan las normas sobre rotulación en sus establecimientos. También los medios de comunicación sufren el afán reglamentista: habrá cuotas de música y de emisión en catalán en aquéllos cuya licencia o renovación dependan de la Generalitat. Unas cuotas que las emisoras municipales podrán administrar en función de la realidad sociolingüística de su audiencia, mientras que esta modulación en el sector privado correrá a cargo de la propia Generalitat.
En cuanto al etiquetado de los productos españoles distribuidos en Cataluña, una de las enmiendas pactadas insta a la Generalitat a regularla "de forma que se garantice la presencia progresiva del catalán siguiendo los principios de esta ley, de las normas de la Unión Europea y del resto del ordenamiento jurídico". La Comisión Europea ha pedido explicaciones recientemente al Gobierno por la utilización exclusiva del catalán en los productos tradicionales, autorizada en la normativa española vigente. Estos obstáculos surgidos de la Unión Europea son muy reveladores sobre la dudosa idoneidad del camino legislativo elegido por CiU para mejorar el uso del catalán.
El catalán ha avanzado hasta ahora porque su progreso ha sido un proyecto común basado en la fuerte cohesión social de la Cataluña actual. El objetivo es ahora que esa sociedad sea bilingüe, no porque unos hablen catalán y otros castellano, sino porque todos los ciudadanos conozcan ambas lenguas, y el catalán tiene ahí un trecho por recorrer todavía. Si se llegara a una ley sin suficiente consenso, con cuotas ridículamente intervencionistas y sanciones que inevitablemente serán percibidas por un sector de la población como una agresión, se pondría en cuestión esa cohesión social; además, se perjudicaría el objetivo de una población efectivamente bilingüe. Lo primero debería bastar para intentar ampliar el consenso en el debate parlamentario. Pero quienes impugnan el proyecto por considerarlo tibio deberían pensar también en lo segundo: no habrá bilingüismo si una parte de los catalanes lo ve como una amenaza.
