Ruiz-Gallardón impone un recargo fiscal a rifas, sorteos y tómbolas

Los promotores de rifas, tómbolas y sorteos celebrados en la Comunidad de Madrid deberán soportar, desde el 1 de enero de 1998, un nuevo impuesto. El Gobierno regional ha decidido aplicar a estos juegos, que cotizan al Ministerio de Hacienda, un recargo fiscal. Ejemplo: los hipermercados que sortean coches entre sus clientes pagaban entre 100.000 y 200.000 pesetas a la Administración central (un 10% del precio del objeto sorteado). Desde enero, deberán abonar, además, entre 25.000 y 50.000 pesetas a la Comunidad de Madrid, el 25% de la cuota estatal.

La Consejería de Hacienda ha calculado que, con el nuevo recargo autonómico, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, la Comunidad de Madrid ingresará durante 1998 cerca de 300 millones de pesetas. Estarán obligados a pagar el nuevo impuesto todos aquellos empresarios que organicen sorteos (combinaciones aleatorias), fundamentalmente hipermercados y grandes centros comerciales; y también los que hagan negocio con rifas (salvo las benéficas) y tómbolas en los 179 municipios de la región.En todos estos casos, la Comunidad impondrá un recargo del 25% sobre la tasa fiscal que la Administración central cobra ya a los organizadores de estos juegos de azar. Este nuevo recargo autonómico tendría que haberse aprobado hace dos años por los anteriores responsables socialistas, según explican los actuales dirigentes de la Consejería de Hacienda. "No es nada nuevo que hayamos inventando nosotros, ya hay otras autonomías que lo aplican", explica el consejero, Antonio Beteta.

El departamento que reparte el dinero regional prevé recaudar por impuestos sobre el juego, incluido éste, 8.003 millones en 1998, un 5,16% más que este año. No habrá subida fiscal para los empresarios que explotan en Madrid cerca de 100 salas de bingos, ni para los propietarios del casino de Torrelodones, que sufrieron el pasado año la subida más espectacular en los impuestos sobre el juego: del 10% al 15%.

También los 17.500 bares de la región que explotan las 26.000 máquinas tragaperras tendrán que pagar más. Este año, los empresarios han pagado 54.600 pesetas por cada tragaperras; el próximo, abonarán 54.715 (un 2,1% más). El dinero recaudado por los impuestos sobre el juego se destinará, obligatoriamente, a programas sociales de la Comunidad de Madrid.