La propuesta

LA PROPUESTA del colectivo Elkarri conocida ayer pretende, según sus promotores, desbloquear el conflicto vasco mediante la ampliación del consenso actual, de forma que haga posible la integración del nacionalismo radical. Para ello plantea explorar las posibilidades de la disposición adicional de la Constitución, que "ampara y respeta los derechos históricos" del País Vasco y Navarra. En la hipótesis de Elkarri, esa ampliación podría ser la forma de conseguir la renuncia por parte de ETA a la violencia. La iniciativa desembocaría en la presentación de una proposición de ley en virtud de la cual se garantizaría el reconocimiento de las eventuales modificaciones del marco político que decida la mayoría de la población del País Vasco y Navarra. Sería una forma indirecta de reconocimiento de la soberanía vasca, aunque en el marco formal de la Constitución.De entrada, hay que decir que la propuesta no es equivalente a otras emanadas del mundo del nacionalismo radical. Se aprecia una voluntad de encauzamiento de ciertos imprecisos motivos de insatisfacción en el marco de las instituciones y de la legalidad. De las declaraciones realizadas ayer por el coordinador de ese colectivo, Jonan Fernández, parece deducirse asimismo una voluntad de concertación entre nacionalistas y no nacionalistas como presupuesto básico del proceso. Esa voluntad es nueva en este tipo de propuestas. ETA y HB hablan de una negociación política entre el Gobierno y los terroristas que modificaría el marco jurídico-político (fundamentalmente la Constitución y el Estatuto vasco) en el sentido propuesto por ETA. También es nuevo el reconocimiento de la pluralidad vasca implícito en la referencia a la concertación como método. Puede que no sea gran cosa, pero la propuesta refleja un esfuerzo de racionalización que la hace digna al menos de ser discutida.

Las objeciones son obvias. La primera de todas: que no existe ningún indicio, ni siquiera indirecto, de que esta operación sirva para que ETA desista de seguir matando y secuestrando. ETA no mata y secuestra porque le parezca injusta la negativa a transferir el Inem o insuficiente el reconocimiento de los derechos históricos; lo hace porque aspira al poder y sabe que democráticamente no lo alcanzará nunca. Si ETA hubiera decidido abandonar la lucha armada y convertirse en un partido pacífico, ya lo habría dicho, como en su día hicieron los polimilis. Embarcarse en aras de la pacificación en una operación de refundación autonómica, con graves riesgos de todo tipo, cuando no existe siquiera un atisbo de que ETA esté dispuesta a plegar, resultaría, más que aventurado, suicida. Porque la eventual puesta en marcha de la iniciativa supondría desatar una dinámica política y social de efectos imprevisibles.

En primer lugar por su carácter artificial. Reiteradas encuestas han demostrado que si bien la inmensa mayoría de los vascos se identifica con la autonomía, la preocupación por el llamado desarrollo estatutario ocupa un lugar muy modesto entre sus inquietudes. Es de suponer que sería aún menor el interés por esa especie de superdesarrollo estatutario a través de la foralidad y los derechos históricos. No hay ninguna garantía de que esas dos abstracciones puedan llegar a suscitar entre la población una adhesión comparable a la que hoy legitima al Estatuto de Gernika. Y es bastante improbable que el consenso entre fuerzas políticas se ampliase por esa vía. Tal vez consiguiera el respaldo de HB, pero al precio de perder el de partidos que representan al 40% o más de la población. Los riesgos de inestabilidad política de tal situación son evidentes. Tanto para la sociedad vasca, y no digamos la navarra, como para el Estado de las autonomías.

Si, pese a ello, el asunto merece ser discutido, es porque no conviene desperdiciar ninguna ocasión de ayudar al nacionalismo a racionalizar su permanente insatisfacción. Existe un antecedente histórico a considerar. Tras la muerte de Arana, sus seguidores intentaron hacer compatible el mantenimiento del mensaje primordial -la soberanía, Euskadi independiente- con la aceptación de hecho del marco constitucional. Inventaron para ello la fórmula de la derogación de la ley abolitoria de los fueros (de 1839). La posibilidad de plasmar tal cosa en la legislación era remota, pero permitió al PNV seguir haciendo política hasta dar, algunos años después, con la formulación autonómica. Tal vez esta iniciativa de Elkarri pueda convertirse, si no en ley aprobada por el Parlamento, en programa de HB y otros sectores nacionalistas radicales: su objetivo sería convencer de ello a la mayoría, pero ya no por los tiros de ETA, sino por los argumentos. Ojalá que lo intenten.