Medio Ambiente propone aumentar los bosques públicos y ayudar a los privados

Más de la mitad del país es zona forestal: 26 millones de hectáreas de las 50 que ocupa el territorio nacional. Y según las proyecciones para el año 2020, España es, junto a Francia y Polonia, uno de los países europeos donde más crecerá la superficie boscosa a costa del abandono de cultivos. El Ministerio de Medio Ambiente, en el borrador de Estrategia Forestal Nacional que acaba de redactar, propone ampliar la propiedad pública forestal y subvencionar a los propietarios privados -un 66%- para incentivar el mantenimiento sostenible de los bosques.

España se va a convertir, sin proponérselo, en una de las principales reservas forestales europeas, aunque su rendimiento quede muy lejos de lo que obtienen los países nórdicos. Va a contemplar el crecimiento pasivo de su superficie boscosa por la colonización de las tierras abandonadas. Los agricultores renuncian a cultivarlas ante su bajo rendimiento o reforestan las que antaño habían roturado por el solo hecho de que la Unión Europea se lo financia.Los bosques consolidados sobreviven a su suerte. Desde la ley de 1957, inadecuada para el nuevo marco de las competencias autonómicas, los planes de gestión de los bosques permanecen aparcados y los silvicultores, propietarios del 66% de la superficie forestal, tiran la toalla porque el negocio es ruinoso.

Se incendian, se contaminan, son roturados para edificar urbanizaciones y se erosionan sin que nadie arbitre medidas para frenar su degradación, según muestran las últimas radiografías de las ONG (Adena acaba de identificar seis bosques amenazados) y la propia Dirección General de la Conservación de la Naturaleza, ahora dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que acaba de concluir el borrador de una Estrategia Forestal Nacional.

Avatares históricos

El documento ha sido entregado a los grupos ecologistas, investigadores y colectivos que dependen de su explotación. El director de Conservación de la Naturaleza, Carlos del Álamo, les ha convocado los próximos días 12 y 13 para escuchar sus alegaciones y debatir su contenido.El borrador dedica la mayor parte de sus 71 páginas a los avatares históricos de los bosques españoles, desde la desamortización hasta las intensivas repoblaciones en terrenos públicos, iniciadas en los años cuarenta, o el gran impacto de las ayudas comunitarias a la reforestación de cultivos abandonados que han aportado desde 1994, 1,3 millones a los 26 millones de hectáreas de masas boscosas existentes en España, insuficientes para cubrir las demandas de madera. El déficit supera los 10 millones de metros cúbicos anuales.

Este repaso histórico identifica al Estado como propietario del 5% de los montes; a las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, dueños del 29%, y el 66% restante, en manos privadas, propietarias en casi la misma proporción (65%) de los bosques protegidos, bien sea como reservas, parques naturales o nacionales.

El dominio de lo privado refleja la contradicción en la que está sumida la gestión del bosque español., "A causa de su escasa rentabilidad directa", dice el borrador, "los propietarios privados descuidan o abandonan las prácticas selvícolas, poniendo en peligro no sólo la producción maderera, sino la propia persistencia de la cubierta vegetal, al hacerla más sensible a los incendios, enfermedades y plagas. Es necesario establecer cauces de financiación y medidas de apoyo con el fin de asegurar una gestión multifuncional de los bosques que garantice la sostenibilidad del potencial dé los productos asociados a los mismos".

El respaldo a los propietarios privados encuentra otra justificación encaminada a corregir Ias deficiencias del mercado y compensarles por el mantenimiento de tan valiosos bienes ecológicos y sociales que proporcionan a aquellos que los reciben colectivamente".

En la Ley Básica de Montes y Aprovechamientos Forestales, en que se materializará la Estrategia Forestal Nacional, se propone "consolidar y aumentar cuanto sea posible la propiedad pública forestal, de modo que puedan satisfacerse las funciones públicas ' sin menoscabo del interés particular".

El borrador del documento dedica sólo cinco páginas a propuestas de actuaciones concretas. "Un híbrido demasiado extenso en generalidades y poco concreto" es la valoración que hace Eduar Rojas i Briales, del Consorci Forestal de Catalunya: "Tiene de positivo que han atendido nuestras propuestas, como la fiscalidad que grava a los propietarios privados. Nosotros hablamós de iniciativas concretas, de créditos que compensen el mantenimiento de la biodiversidad y frenen el cambio climático, pero echamos de menos elementos operativos. Se explaya en tópicos, anécdotas favorables a todos, al Amazonas, los ecologistas. Con diez páginas sobraba. No hay concreción económica ni cifras. Faltan los elementos operativos. La industria del papel se queda al margen. Si esos datos estuvieran claros, evitaríamos discusiones bizantinas".

El documento destaca la ignorancia que exhibe la opinión pública del conocimiento de los bosques. Pero la sensibilización "intuitiva" de la gente coincide con la preocupación de la comunidad mundial sobre los problemas del medio ambiente, que comparte el criterio de que la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques son fundamentales para el desarrollo económico y social.