PP y nacionalistas rechazan las enmiendas a la ley de Cooperación

El Grupo Popular, con el apoyo de CiU, PNV y Coalición Canaria, rechazó ayer las enmiendas de PSOE, IU, IC-EV y Grupo Mixto a la totalidad el proyecto de ley de Cooperación presentado por el Gobierno. Ahora el debate proseguirá en la ponencia. Todos los grupos parlamentarios pidieron modificaciones y hubo fuertes críticas -a las que se sumaron ONG y Plataforma del 0,7%- a la primacía del Ministerio de Economía sobre el de Exteriores en la política de cooperación y sobre el papel de los créditos FAD.

"Todos los objetivos de la cooperación española, incluidos los económicos y los políticos, deben subordinarse al mayor, que es la erradicación de la pobreza", dijo ayer, tras el debate, el secretario de Estado para la Cooperación e Iberoamérica, Fernando Villalonga. "El proyecto de ley establece un principio único de dirección de la cooperación, que corresponde a Exteriores".Pero el proyecto fue recibido con críticas significativas. Pese a que el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, resaltó que el "objetivo prioritario" del texto es la lucha contra la pobreza, las enmiendas a la totalidad no lo veían así. E incluso los aliados del Gobierno plantearon dudas:

Proyecto administrativamente confuso", definió CiU; el PNV criticó el predominio de los intereses "comerciales y geopolíticos" en el texto y advirtió que las objeciones que presente serán "decisivas para el apoyo definitivo"; CC ve infravaloradas a "las autonomías en la cooperación".

Y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGD), la Plataforma del 0,7% y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) señalaron que "el Ministerio de Economía seguirá gestionando el 60% de la ayuda", y añadieron: "La prueba de fuego del proyecto es cuánta cooperación puede quitarle a Economía". "Sería desastroso que el proyecto del Gobierno llegara a ley", dijeron, "sobre todo ahora el PP ha presentado una enmienda de adición a la ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que le permitirá que los FAD [Fondos de Ayuda al Desarrollo] no se debatan con la ley de Cooperación". Villalonga, por su parte, indicó que "los créditos FAD los tienen todos los países de la OCDE", aunque reconoció que "su regulación en España está un poco anticuada".

Un punto criticado en el proyecto por todos los grupos parlamentarios es la consideración como ONG de "entidades de Derecho privado" que "gocen de reconocido prestigio y tradición histórica" en cooperación. Villalonga explicó que se busca "reconocer a entidades que existían antes que las ONG, como el Comité Internacional de la Cruz Roja o la Iglesia Católica". "Eso no sabemos dónde puede llevar", advirtió la CONGD.

El portavoz de Cooperación del PP, Pablo Izquierdo, reiteró que "el objetivo es el 0,7%" e indicó que "si el porcentaje del PIB puede bajar, es porque la economía española crece: cuantitativamente en 1998 llegaremos a la cifra récord de 201.000 millones de pesetas en ayuda oficial".

Lluis Recoder (CiU) calificó el proyecto de "notablemente mejorable", pidió "romper la situación actual de los créditos, que no respetan el principio de cooperación", y sugirió que el Consejo de Cooperación, "no sólo debata con el Gobierno, sino que tenga una línea con el Parlamento". Villalonga anunció que "vamos a incluir en el Consejo a expertos y a miembros de la sociedad civil con alta autoridad moral y técnica para asesorar al Gobierno".

Ejemplo cubano

La oposición tuvo perlas parlamentarias. Francisco Fuentes, del PSOE, al PP: "Queremos evitar lo que han hecho ustedes con Cuba: por presiones de un lobby han suspendido la cooperación". José Navas (IU): "10 años de Agencia Española de Cooperación Internacional, ¿no dan para una reflexión sobre cómo debería estar regulada?". Joan Saura (IC-EV): "Esta ley es insuficiente; no está claro que corrija que la cooperación española siga teñida de intereses financieros y gubernamentales". Francisco Rodríguez (BNG): "La filosofía de la ley es de un privatizador preocupante; vehicular inversiones públicas a través de instituciones privadas puede provocar gravísimos fraudes".