El impulso de una reforma:la ley 50 / 77

El autor afirma que la reforma fiscal era una señal de identificación del nuevo sistema político que todo el mundo admitía. A su juicio, estaba en el ambiente que, de algún modo, el nuevo Gobierno haría una profunda reforma fiscal para dar una solución a lo que podríamos llamar los nacionalismos periféricos. El ministro de Hacienda era Francisco Fernández OrdóñezUna denominación tan ímpersonal como la que encabeza este artículo dirá todavía algo a bastante gente especializada en materia tributaría, pero cada vez menos; hace ya muchos años que esa ley dejó de estar vigente; por el contrario, dice mucho a quienes intervinieron en la reforma fiscal que se inició al filo del cambio de régimen político, una vez que éste se hubo consolidado en las primeras elecciones libres celebradas en España, el 15 de junio de 1977.

El Gobierno que surgió de la mayoría parlamentaria que resultó de esas elecciones tomó rápidamente medidas económicas. En realidad, en la fase previa de la transición los problemas económicos no habían podido ser abordados; la tarea política del tránsito a la democracia había absorbido la total capacidad de los gobernantes, especialmente el primer Gobierno Suárez, anterior a las elecciones antes señaladas. La situación económica era mala: la inflación era ya de asustar, en extremos que ahora nos parecen una historia de ciencia ficción, las magnitudes macroeconómicas estaban desajustadas; el vicepresidente económico del Gobierno, Enrique Fuentes, fue quien dirigió esa política económica de choque; en España no se había hecho frente a las consecuencias de la primera crisis del petróleo; desde 1973 el país vivía en una burbuja efervescente por la volatilidad de la situación política.

Pero estaba claro, para todos o casi todos, que el nuevo régimen tenía que entendérselas con una reforma fiscal seria. Por supuesto que muchos querían que se hiciera una nueva Constitución, que se comenzó a hacer enseguida; pero la reforma fiscal era una señal de identificación del nuevo sistema político que todo el mundo admitía (aunque no todo el mundo quería, como se comprende, idéntica reforma).

Estaba en el ambiente, de algún modo, que el nuevo régimen haría una profunda reforma fiscal que daría una vía de solución a los que podríamos llamar los nacionalismos periféricos, o haría una amnistía del pasado ligado a la guerra civil y al régimen anterior, o llevaría a sus últimas consecuencias el Estado de Derecho, o consagraría un sistema de derechos fundamentales políticos y de otra clase. El ministro de Hacienda de ese primer Gobierno democrático era Francisco Fernández Ordóñez, y a él se debe al impulso de su realización.

A los pocos días de establecidas las Cortes y formado el Gobierno, éste envió a aquéllas el proyecto de ley de medidas urgentes de reforma fiscal. Las Cortes tuvieron que improvisar: aún no se había realizado la primera adaptación del Reglamento del Congreso a la nueva situación, ni se había decidido cuáles serían las Comisiones que en su seno se iban a constituir, ni cómo iban a ser y a trabajar. Era pleno verano (julio de 1977), y se adoptó la decisión de crear una Comisión de Economía y Hacienda, provisional, que me tocó presidir, y para la que no hubo, no ya vacaciones veraniegas, sino ni siquiera de desaceleración canicular del ritmo de trabajo impuesto por la urgencia que tal proyecto había incorporado a la propia denominación de la ley.

La Comisión designó una ponencia en la que, en diálogo fluido con las personas del Ministerio de Hacienda, elaboró esta ley que en octubre estaba ya promulgada, después de su paso por el Congreso y el Senado.

En aquella Comisión atípica (el presidente, por ejemplo, presidió las reuniones de la ponencia) se dio forma a la ley que era un aldabonazo reformista, manifestación de una voluntad política seria, y que dio origen a un proceso de reforma que, aunque tuvo su máxima intensidad en 1978, no concluyó, de verdad, hasta 1985, con la aprobación del IVA (algunos textos iniciales habían sido ya corregidos).

El aldabonazo era fuerte: esa ley, que resultó ser la número 50 de 1977, suprimía el secreto bancario a efectos fiscales, creaba el delito fiscal y el impuesto sobre el patrimonio, además de otras reformas que facilitaban el camino para la implantación del elemento más importante de la total reforma: la creación de un impuesto general y progresivo sobre la renta global de las personas físicas, lo que sucedería al año siguiente.

Cuatro observaciones, entre las muchas posibles sobre esta ley. La primera, que la ley, como toda reforma, no fue una improvisación, sino que había sido precedida de una serie de trabajos doctrinales y programáticos sobre las necesidades de reforma del sistema fiscal, centrados principalmente, aunque no exclusivamente, en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda (dirigido sobre todo por Enrique Fuentes).

La segunda es que la reforma que se apuntaba trataba, al fin, de homologar nuestro sistema fiscal con los de la mayoría de los países de Europa Occidental, según criterios que habían sido válidos y preponderantes hasta los primeros años setenta, y que se concretaron en el amplio periodo que había seguido a la II Guerra Mundial.

España llegó tarde, como en tantas otras cosas, aunque no sé si con retraso. La reforma no tuvo en cuenta (ni la Constitución, en esta materia) las ideas y principios que se apuntaban (y aún no se habían plasmado) en nuesto entorno con motivo de la sacudida que para las economías europeas supuso la primera crisis del petróleo (y, en 1979, la segunda, que se sumó).

La tercera es que la necesidad de la reforma era ampliamente sentida. No se suele recordar que todos los partidos que concurrieran a las elecciones del 154 y obtuvieron representación parlamentaria estimable propugnaban la creación de un impuesto personal sobre la renta global, incluida, por supuesto, Alianza Popular.

La cuarta es que se quería poner el acento, desde esta ley 50 / 77, en los aspectos de integración ciudadana en las preocupaciones de la Hacienda. Poner límites a los incumplimientos generalizados de las leyes fiscales y al hábito social de no tomarse, muchas de ellas, muy en serio, pero mediante la incorporación, de buen ánimo, a la tarea común de contribuir a la Hacienda pública. Aquello de "Hacienda somos todos", que algunos recordarán. Se trataba, desde este p . unto de vista, de un revulsivo en la conducta social fiscal; la seriedad frente a la Hacienda iba de la mano de la consagración de las libertades. No se trataba sólo de una reforma económica (como siempre las reformas fiscales lo son), sino de una reforma política: la creación de ciudadanos también responsables de algunas conductas en relación con lo público.

Por supuesto, que luego hubo demasiados excesos públicos en la exigencia de esta forzada colaboración ciudadana; y por supuesto que la naturaleza de las gentes no se transforma de la noche a la mañana. Pero ésta sería otra historia.