El fiscal general acusa a las administraciones de Medio Ambiente de rozar el delito

Las administraciones públicas acaparan los dardos que la Fiscalía General del Estado recoge en la memoria correspondiente a 1996 dentro del apartado referido a los delitos ecológicos. Su participación en los temas medioambientales, dice, supone en ocasiones desviaciones próximas al delito. La crítica más dura se la lleva la Consellería de Medi Ambient de Cataluña, a la que acusa de falta de colaboración y de obstaculizar las indagaciones de la fiscalía de Barcelona: no acude a los juicios orales y no entrega las citaciones a los funcionarios para que comparezcan en las vistas.

La protección del medo ambiente en España está por los suelos si se analiza desde la, óptica reflejada en la Memoria. de la Fiscalía del Estado. Su titular, Jesús Cardenal, señala en la referencia a los delitos ecológicos: "La perspectiva legal en medio ambiente tardó bastante en ajustarse a la realidad. Lamentablemente, la sociedad española ha vivido bastante alejada de cualquier planteamiento proteccionista y eso tenía que reflejarse en la normativa legal y en las decisiones de los organismos judiciales".Tras reclamar la urgencia de una Ley General de Medio Ambiente, la Fiscalía refiere con pormenorizados detalles la. implicación de la Administración en la ecología, que se manifiesta a veces en "desviaciones o irregularidades, hasta tal punto que las mismas pueden constituir delito".

Sigue habiendo actitudes de la Administración, añade, "cuanto menos anormales y difíciles de comprender a la vista de la nueva regulación" del Código Penal. Se tiene conocimiento y datos sobre hechos presuntamente delictivos y no se denuncian "incluso en casos en los que los funcionarios técnicos, con el celo de servir a los intereses generales de la sociedad y de la Nación, han comunicado a sus superiores jerárquicos la necesidad de proceder con arreglo a la legalidad vigente". Existen numerosas actividades delictivas relativas a la contaminación industrial "y por las razones que escapan al conocimiento de esta Fiscalía, ni se denuncian ni se comunican".

Cardenal reproduce extensamente el informe del fiscal de medio ambiente de la Audiencia de Barcelona, José Joaquín Pérez de Gregorio, quien describe a la Consellería de Medi Ambient de la Generalitat de Cataluña como una institución alejada del compromiso ecológico.

Relata que los peritos o técnicos convocados a los juicios orales por delitos contra el medio ambiente no asisten. No se entregan a los funcionarios las citaciones para comparacer en los juicios. Cuando intervienen como testigos, su participación "deja mucho que desear". No se acuerdan de las actuaciones en que intervinieron, se contradicen o modifican sus testimonio. En algunas ocasiones en las que el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seproma) de la Guardia Civil o los Mossos d'Esquadra han requerido su intervención, "se ha denegado la cooperación o se ha puesto sobreaviso a los presuntos delincuentes ambientales. Y en dos ocasiones se ha contestado a la Policía Judicial que requería documentos, que podían adquirirlos previo pago de su importe en un servicio de librería".

Un portavoz de la Consellería de Medi Ambient señaló que no quiere entrar en polémicas. "Somos respestuosos con las actuaciones de la fiscalía", ha manifestado a EL PAÍS. "Y lo que es evidente es que siempre se han denunciado los casos que a nuestro entender eran delitos ecológicos". Como testimonio, apunta que de los 927 expedientes sancionadores incoados el año pasado, 20 pasaron a la Fiscalía. "Y en relación a los expedientes que nos llegan desde esa instancia, de 93, el 30% nos consta que son archivados; y desconocemos la suerte del 40%".