Cataluña reduce su vinculación al Consejo de Universidades

Cataluña ha iniciado un tímido pero efectivo distanciamiento del sistema universitario estatal. Desde el inicio de este curso, el Comisionado para Universidades de la Generalitat dejará de pedir al Consejo de Universidades todos aquellos informes que no sean vinculantes que signifiquen una mera comprobación de la normativa básica, y prescindirá también de esta institución en las, iniciativas que deban canalizarse a través de ella, con tal que haya consenso entre los rectores catalanes. "Informaremos sólo a efectos de coordinación general", asegura Joan Albaigés, comisionado para Universidades.Albaigés reconoce que la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, elaborada antes de las transferencias, ofrece un margen de maniobra muy reducido a las comunidades autónomas, porque "lo regula casi todo, desde los planes de estudio hasta la creación de centros, adscripción, capacidades y homologación. Incluso para cerrar un expediente a un administrativo hay que pasar por Madrid". Pero añade: "Jugaremos muy fuerte en el vaciado de competencias del Consejo de Universidades, que debe quedar como órgano de debate y orientación de la política universitaria general".

Albaigés considera que las relaciones con el Ministerio de Educación pasan por momentos bajos. "Se ha ido demasiado lejos al romper los puentes de diálogo", asegura, y lamenta el discurso universitario en clave española que induce a confusión, ya que, en su opinión, "el sistema español no lis homogéneo, hay diferencias notables. Cada comunidad debería tener autonomía para tomar las medidas que considerase necesarias. Y, sin embargo, el ministerio hace planteamientos que tienden al uniformismo total".

El Comisionado creará dos comisiones de trabajo, una sobre la cuestión del profesorado y otra sobre los planes de estudio, y espera tener propuestas concretas antes de tres meses. "Si no lo arregla el ministerio, lo arreglaremos nosotros", dice Albaigés. Estos deseos pasan por la reforma del plan de estudios, que en su opinión es fácil de realizar si hay voluntad política. "Si se lleva a cabo, esto nos determinará la carga docente necesaria, lo que nos permitirá abordar la cuestión del profesorado sabiendo qué plantilla se necesita", explica.

La Generalitat se propone revisar la relación entre la oferta y la demanda. "El año que viene quedarán plazas vacantes", asegura Albaigés, y no le va a temblar el pulso si considera que se debe dejar de financiar estudios sin demanda.