Industria se inhibe del sabotaje de uranio porque aún espera el informe oficial

El Ministerio de Industria y Energía no ha tomado ninguna iniciativa tras el intento de sabotaje cometido por un trabajador de Enusa con el combustible de uranio destinado a la central nuclear de Cofrentes (Valencia), donde se detectaron unos desperfectos intencionados antes de cargar el reactor (véase EL PAÍS del sábado). Pese a que el incidente ocurrió hace cuatro meses,el ministerio aún espera recibir el informe oficial para adoptar medidas. Y según un portavoz, se cree que no serán "tan precipitadas" como en el reciente suceso resuelto con 177 millones, de multa a Enusa.

La adopción de medidas disciplinarias por el intento de sabotaje en el material nuclear, detectado en junio en la central de Cofrentes, se demorará al menos una semana más, según fuentes de Industria.Ayer cundía la confusión entre las versiones facilitadas por este departamento y las de la empresa pública Enusa, en cuyas instalaciones de Juzbado (Salamanca) se produjeron los desperfectos intencionados. El trabajador sospechoso del sabotaje -puntazos en las varillas del combustible que habrían parado un mes la central nuclear si no se hubieran detectado a tiempo- fue despedido de Enusa el 16 de septiembre.

Informes oficiosos

Inicialmente, el ministerio informó ayer de que no tomaría ninguna medida disciplinaria en tanto no recibiera sendos informes elaborados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y Enusa. Pero en casos como éste el CSN no tiene por qué informar, según indicó su portavoz. Su cometido se limita a vigilar que se cumplen los protocolos (normas) relacionados con la seguridad nuclear.

"El incidente está relacionado con el control de calidad interno", declaró ayer un portavoz del Consejo. "De haberse cargado en las condiciones defectuosos en que llegó a Cofrentes, se habría parado la central. Pero no ha habido riesgo de radiactividad exterior, y el riesgo económico de una parada no nos concierne". Por eso, el CSN no hará informe oficial alguno.

Por su parte, el portavoz de Enusa achaca el retraso de su informe al periodo vacacional que ha mediado entre el suceso y el despido del trabajador al que se imputa el sabotaje: un operario cualificado, de mediana edad -40 años- que trabajaba en control de calidad de la fábrica, que cierra en agosto. No obstante, Enusa facilitó toda la información oficial a este periódico el pasado viernes, cuando le fue requerida tras conocer el sabotaje.

La oficina de prensa de Industria señala que ya tenía información oficiosa de los hechos, y que está a la espera de recibirla de Enusa por escrito. No obstante, el ministerio confía en que, una vez estudiada, no se salde con la aplicación de sanciones de la "gravedad y precipitación" que este departamento adoptó tras el envío en febrero de contenedores con uranio a EE UU -procedentes de Juzbado-, cuando debían ir vacíos.