Lucas, como Zaplana

LA SOLVENCIA y credibilidad de las instituciones financieras suele estar en razón directa a la independencia con que toman sus decisiones. Las cajas de ahorro han conseguido un prestigio evidente aplicando una gestión neutral y apegada estrictamente a los criterios de economía de mercado. Pero su credibilidad se está poniendo a prueba durante los últimos meses con las iniciativas legislativas de varios gobiernos autonómicos dominados por el Partido Popular, que han ensayado fórmulas diversas para romper el estricto equilibrio de fuerzas con el que se neutralizaba la tentación del intervencionismo político e insisten en poner las cajas de ahorro regionales a su servicio.El pionero fue Eduardo Zaplana, presidente de la autonomía valenciana,quien se empeñó en aumentar la participación política en los consejos de las cuatro cajas valencianas y en que la mayoría del Parlamento valenciano -en la actualidad, el PP- nombrase un elevado cupo de consejeros, en una maniobra apenas disimulada de invasión y control.

La Junta de Castilla y León, presidida por Juan José Lucas, sigue ahora los pasos de Zaplana, aunque con un procedimiento de control distinto. El plan de Lucas consiste en obligar a las entidades financieras castellano-leonesas-Caja España, Caja Salamanca y Soria, Caja de Ávila, Caja Segovia, Caja Municipal de Burgos y Caja del Círculo Católico- a que destinen hasta el 80% de sus recursos propios (unos 160.000 millones de pesetas) a inversiones en sectores o empresas que designe la Consejería de Economía de la comunidad autónoma.

Aunque se intente disimular con apelaciones a la coordinación de las inversiones y con la coartada de "pactar y consensuar" con las entidades "los sectores estratégicos donde invertir", el proyecto de Lucas es contrario a una gestión independiente y responsable de las cajas de ahorro. En una economía de mercado las entidades. de crédito deben atender a criterios de rentabilidad. Las prioridades estratégicas son una imposición añadida, agravada por la amenaza apenas velada de "defender los intereses colectivos" en el caso de que los consejos de administración no acepten la propuesta de la Junta. La obsesión reiterada por controlar la gestión de las cajas revela el talante intervencionista de un partido que se proclama liberal sin que se sepa por qué.