_
_
_
_
_
Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Mala fe

LA INSTRUCCIÓN de la querella contra Sogecable registró ayer un nuevo parón cuando una sala de la Audiencia Nacional se disponía a estudiar el recurso de sobreseimiento. Un abogado de la acusación recusó al inicio de la vista a una de los miembros del tribunal sobre la base de su "amistad manifiesta" con Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián. El grupo de acusadores quería impedir a toda costa el posible archivo de la causa y de momento ha conseguido su objetivo. Poco importa que desde el mes de marzo obre en poder de la Fiscalía del Estado un informe técnico en el que se concluye que no existe materia penal en el caso. Tampoco vale que los peritos fiscales designados en su día por Liaño llegaran a idéntica conclusión. Cuándo la sala se encontraba en disposición de valorar al fin tales informes, un ardid procesal de última hora ha aplazado su pronunciamiento. Habría que recordar a este respecto que ya Liaño retuvo el recurso de sobreseimiento por espacio de dos meses y medio en su despacho cuando la ley le concedía sólo seis días. Entre los olvidos del juez y las artimañas de los querellantes, el asunto está a punto de entrar en su octavo mes y cada vez resulta más evidente que el propósito principal de los querellantes es eternizar la causa por el daño que provoca la instrucción misma. Pero, con ser esto grave, detrás de este incidente de recusación se trasluce un propósito aún más perverso: dinamitar la Audiencia Nacional en su conjunto, un órgano jurisdiccional que ha condenado en primera instancia a seis años de cárcel a Mario Conde y ha decidido sentarle en el banquillo de los acusados a partir del 1 de diciembre por el caso Banesto. El abogado Juan de Rojas, firmante del escrito de recusación de ayer, es casualmente un hombre que ejerce la acción popular en apoyo de una denuncia que la esposa del ex banquero ha presentado ante un juzgado madrileño. También se ha erigido en acusador del juez Garzón ante el Supremo.

La recusación de ayer, decidida en un almuerzo celebrado el pasado lunes en un restaurante madrileño, es una caricatura de la que en su día formuló Cebrián contra Gómez de Liaño y que permitió desvelar una trama entre el juez y los acusadores de Sogecable que está siendo investigada por el Supremo.

El abogado Rojas propone que para probar la "amistad manifiesta" del magistrado Prada con Polanco y Cebrián, amén de su "interés indirecto" en la causa, desfilen ante el juez que entienda del asunto 14 testigos, en una amalgama que incluye desde el propio presidente de la Audiencia Nacional y varios magistrados hasta quienes aparecen vinculados a la presunta trama contra Sogecable, con el eterno conjurado García Trevijano a la cabeza y uno de los fiscales otrora llamados rebeldes.

Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir.
Suscríbete aquí

Se trataría así de enlodar prácticamente a toda la Audiencia Nacional, que en la teoría alimentada por alguno de los medios más adictos al Gobierno ha: pasado de ser el baluarte de la justicia a un nido de magistrados sumisos, cuando no corruptos, del que sólo se salvaría Liaño. Pero la estrategia seguida esta vez pone tan al desnudo la mala fe procesal que parece altamente improbable que el abogado Rojas y quienes le mueven consigan su propósito de hacer desfilar por la Audiencia a decenas de testigos en unas diligencias que podrían prolongarse durante meses. La estrategia de los acusadores de Sogecable de ganar tiempo debe ser desarticulada de una vez por la Audiencia Nacional, cuyo descrédito es el objetivo último de toda esta operación.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_