Derechos y libertades

Una vez más, nos toca defender lo evidente. Creíamos ya superada la etapa de defender derechos asumidos colectivamente y que tanto costó conseguir en una sociedad que salía de muchos años de dictadura. Ahora, suponíamos ingenuamente que se trataba de profundizar en la democracia, de analizar las disfunciones de algunas leyes, de seguir avanzando en el bienestar de todos, de mejorar en suma el ejercicio de los derechos y las libertades. Ésa sería la esencia de la vida democrática, el avance en el ejercicio de los valores democráticos tan necesarios en la práctica, para hacer realidad y parte de los hábitos colectivos el respeto a las reglas del juego que todos hemos aceptado.Sin embargo, estamos asistiendo a un retroceso en aspectos esenciales de la convivencia democrática, que perjudican especialmente a las mujeres. La igualdad entre los hombres y mujeres, hoy considerada, por primera vez en la historia, como un tema de justicia y de equidad, no significa sólo el derecho a la igualdad, sino su realización efectiva, y ésta no se produce sin corregir las desigualdades, arraigadas en las costumbres, de las que se parte.

Desde que, hace poco más de un año, tenemos un Gobierno del Partido Popular, un cierto conservadurismo, de talante autoritario, va integrando los modos de comportamiento, especialmente los emanados del poder. Vuelven las señoras de, se desempolvan costumbres caídas en desuso, se cuestionan las medidas de discriminación positiva hacia las mujeres, los tribunales utilizan su amplio margen interpretativo para dictar sentencias retrógradas en temas de agresiones sexuales, malos tratos, separaciones o custodia de hijos. Todo ello en medio de una clamorosa ausencia de crítica por parte de los y las responsables públicos.

En este contexto, el empecinamiento lo hemos visto también en el siempre polémico tema del aborto, que ha sido objeto de tratamiento parlamentario y judicial, con enfrentamientos, divisiones y talantes que creíamos desaparecidos. En 1983, el partido socialista, recién llegado al Gobierno, gracias a la mayoría absoluta de que disfrutaba, logró modificar la obsoleta e injusta legislación sobre el aborto, que incluso perseguía a la mujer que abortaba después de haber sido violada. Sin embargo, el Partido Popular, entonces, denominado Alianza Popular, formuló "recurso previo de inconstitucionalidad" ante el Tribunal Constitucional y consiguió paralizar la entrada en vigor de la ley durante dos años.

Afortunadamente, hoy ya no existe la posibilidad de semejante tipo de recurso, que fue abolido de nuestro ordenamiento jurídico con posterioridad, y que permitió a un grupo político, que no tenía la mayoría en las urnas, modificar la voluntad de la mayoría, burlando la soberanía popular. 'Así se consiguió una sentencia del Tribunal Constitucional que modificó, en parte y a peor, la ley defendida por el partido socialista, y que ha sido durante todos estos años el referente jurídico, que se ha alejado por algunos, para impedir la modificación del texto en vigor.

Muchos juristas, siguiendo el contenido de la sentencia, y el magnífico voto particular de Tomás y Valiente, hemos defendido hace ya años la viabilidad jurídico-constitucional de una modificación de la actual normativa, para introducir un sistema de plazos, en combinación con el sistema de indicaciones clásico -médica, ética, eugenésica y social-, respetando la decisión fundada de la mujer y su intimidad. Ésa es la propuesta del partido socialista, que ha sido rechazada por dos veces en el Parlamento por el Partido Popular, que vuelve por sus fueros, y no acepta tan siquiera que se tramite la ley, es decir,que se estudie en comisión, que se elabore, se trabaje, reciba enmiendas y el Parlamento entre en el conocimiento y análisis de un tema, que hay que resolver y al que hay que dar respuesta.Respuesta que tiene que considerar los más de 10 años de vigencia de la ley, la modificación de la opinión colectiva sobre el tema y el rechazo unánime que existe en relación con que una mujer pueda ir a la cárcel por abortar. Incluso el Tribunal Supremo, en resolución sobre indulto emitida favorablemente el 8 de mayo de 1997, atendió al "indudable sentir mayoritario de la sociedad, en orden a la procedencia de flexibilizar la descriminalización del tipo delictivo de aborto, ensanchando las excepciones de la incriminación".

No podemos seguir asistiendo impasibles a los recientes juicios que se han señalado por aborto. Especialmente llamativo y anacrónico ha sido el de la Audiencia de Málaga, con 34 imputados, 4 médicos, 4 ayudantes de clínica, 23 mujeres presuntas abortantes y 3 cónyuges colaboradores, sentados en el banquillo bajo la acusación de haber abortado, de acuerdo con la legalidad vigente, pero una semana antes de que las clínicas donde lo hicieron fueran autorizadas, según el decreto-ley que hubo de aprobarse tras la ya citada sentencia del Tribunal Constitucional. Para mayor bochorno, los hechos datan de 1985, y por supuestos similares -se han archivado los casos en otras Audiencias, como, por ejemplo, el expediente de la clínica Dator, en Madrid, donde además existía acusación particular del singular grupo Pro-vida.Esto aconseja, una vez más, disponer de leyes claras que no permitan tanto margen interpretativo a los jueces y, sobre todo en este tema, rechazar de una vez por todas que las mujeres puedan padecer pena de cárcel por abortar. Hasta en la conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995 y con el apoyo de la práctica totalidad de las delegaciones, de todos los países del mundo, de muy diversa ideología y tendencia, se acordó "la revisión de las leyes que contemplan medidas punitivas contra las mujeres que han recurrido a abortos ilegales".

Estas resoluciones, tomadas en conferencias internacionales, obligan a todos los Gobiernos y, por supuesto, al Gobierno de España, que deberá explicar las razones por las que se niega a modificar la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo, contraviniendo el compromiso adquirido en Pekín.

Vemos con horror y con cierta impotencia cómo se retrocede en. los derechos de la mujer en los países en los que gobierna el fundamentalismo islámico o incluso en los que influye, como es el caso de Egipto, donde no sólo no se cumple lo que se acordó en la Conferencia de la Mujer sobre derechos humanos y prácticas de mutilación genital, como la ablación del clítoris, sino que se regula su realización en la red sanitaria, dando por supuesto que va a seguir realizándose con el beneplácito de todos. No digamos ya, en los casos en que se vuelve a negar a las mujeres el acceso a la educación, el trabajo remunerado o una mínima autonomía, como pretenden los talibanes en Afganistán, desde el fundamentalismo más atroz.

Cuando no se valora a las mujeres, cuando se establecen jerarquías y preeminencias que no tienen más razón que la pertenencia a uno u otro sexo -como parece que nos anuncia, también aquí, el Tribunal Constitucional, dando preferencia al varón en la sucesión nobiliaria-, cuando se relega a tantas mujeres aún hoy, y durante siglos a la mitad de la humanidad, a la ignorancia, a la dependencia y a la pobreza de capacidad, se está fomentando la falta de respeto a la mujer, los atropellos a su dignidad, la violencia de todo tipo que padece, su utilización como objeto sexual; en suma, su permanencia como ser de segunda categoría, sometido a muy variadas discriminaciones que se pretenden justificar, en demasiados casos, en base a tradiciones y costumbres.

A estas alturas, resulta desolador pensar que, también en España, podemos retroceder, en éste y en otros temas de gran calado, sobre lo que tan difícil ha sido construir, debido a la dejación y desidia de un Gobierno conservador, que no parece creer de verdad en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no trabaja por ello con voluntad política, conociendo a fondo los temas y sus implicaciones, asumiendo el cambio social que conlleva, y los nuevos valores y modelos en los que se sustenta y el profundo significado de progreso y beneficio para toda la sociedad que tiene hacia el futuro.