Ignorancia cautelar

POCO CABÍA esperar de la comparecencia de Felipe González y Alfonso Guerra como testigos ante el Tribunal Supremo para esclarecer la red de financiación irregular del PSOE que se ha dado en llamar caso Filesa. Las declaraciones del ex secretario general y ex vicesecretario general del PSOE, testigos 31 y 32 de la causa, han cumplido puntualmente el guión previsto. Ambos explicaron ante el juez lo mismo que ya habían contado innumerables veces en los medios de comunicación: que no estaban informados de ninguna red de financiación iegal y que de las empresas Filesa, Malesa y Time Export tuvieron conocimiento por la prensa.Al tratarse de declaraciones hechas bajo juramento hay que admitir su credibilidad como punto de partida. Cualquier otra cosa equivale a una acusación de pedurio que debe ser probada. Pero al margen de los procesos penales hay en este caso, como en otros que afectan a las finanzas de diversos partidos, una manifiesta incapacidad de los dirigentes para asumir la responsabilidad política derivada de los métodos ilegales empleados por sus subalternos para recaudar fondos.

Que González justifique su desinterés en las cuentas de su partido arguyendo que se "dedicaba a las tareas de Gobierno" y que Guerra, más displicente aún, asegure que nunca tuvo "ni ocupación ni dedicación" a los asuntos financieros y económicos, aunque su misión fuera la de coordinar el Gobierno y el partido, revela como mínimo una conducta negligente que debe ser erradicada de la gestión de los partidos democráticos. Que ambos se acojan al desconocimiento de los detalles de financiación tiene una explicación política obvia: los métodos de financiación irregular se suelen mantener alejados del control de los responsables políticos para no involucrar su trayectoria y permitir una negación plausible. La precisión de González -"No sé si debo agradecer a los compañeros que no me informaran", confirma esta práctica cautelar.

Si se admite el argumento del desconocimiento en detalle de la red de financiación ilegal de Filesa, la presencia de González y Guerra como testigos es irrelevante. Nada podían aportar que no estuviera en el sumario instruido por los jueces Marino Barbero y Enrique Bacigalupo. Sin embargo, la acusación particular, promovida por el extravagante Ruiz-Mateos, quizá el individuo que más ha contribuido a envilecer los procedimientos de la justicia en los últimos 14 años, insistió e impuso su comparecencia por encima de la inutilidad práctica para ampliar el conocimiento de lo acontecido.

La delirante campaña de Ruiz-Mateos y sus aliados periodísticos no pretendía desde luego esclarecer el fondo de la cuestión, sino conseguir la foto de González y Guerra entrando en el Supremo. Ya han conseguido su objetivo. Pero una vez sustanciado el caso Sóller y encarrilado el de Filesa, debería ser interés prioritario del PP y del PSOE poner en práctica de una vez por todas un acuerdo sobre financiación de partidos que contribuya a erradicar escándalos como los citados. Los ciudadanos no pueden quedar satisfechos con la explicación de que los dirigentes políticos no saben nada de cómo trabajan los recaudadores de los partidos. Ésta sigue siendo una asignatura pendiente cuyo examen no puede aplazarse por más tiempo.