González y Guerra declaran ante el Supremo que no sabían nada de Filesa

Las declaraciones de Felipe González y Alfonso Guerra ante el Tribunal Supremo como testigos del caso Filesa no aportaron nada nuevo a la causa. En su comparecencia ante la sala que juzga la presunta financiación irregular de los socialistas montada en torno a la trama Filesa, el ex secretario general y el ex vicesecretario general del PSOE respondieron al extensísimo interrogatorio del abogado de la acusación que representa al empresario José María Ruiz-Mateos -unas 200 preguntas a cada uno-, pero eludieron cualquier responsabilidad en la financiación de su partido, escudándose en las responsabilidades de gobierno que tenían durante el periodo investigado por el tribunal.

El caso Filesa, presunta financiación irregular del PSOE a través de una trama de empresas pantallas creadas en torno a 1987, estalló hace siete años y se está juzgando en el Tribunal Supremo desde primeros de mes. Ayer vivió una de, sus jornadas más esperadas con la comparecencia como testigos de los principales dirigentes del partido cuando funcionaban las empresas de la trama. González explicó una y otra vez que durante su etapa como presidente del Gobierno no tenía ni responsabilidades ni tiempo para asumirlas en la financiación del partido del que también era secretario general. "¿Se imagina usted a un presidente del Gobierno yendo a Ferraz todos los días a mirar los: apuntes contables del libro mayor?", contestó González a una pregunta de la acusación. Guerra, que entonces era vicepresidente del Gobierno y vicesecretario socialista, fue más parco en explicaciones e insistió en que jamás se había ocupado de las finanzas del PSOE.Ambos aseguraron incluso desconocer la mera existencia de Filesa hasta que el escándalo estalló en los medios de comunicación y que nadie en el partido les había informado al respecto. "No se si debo agradecerles a los compañeros que no lo hicieran, pero nunca tuve conocimiento", comentó González.

Tras su declaración, Alfonso Guerra denunció una conspiración del empresario José María Ruiz-Mateos y del presidente del Gobierno, José María Aznar, para llevar al estrado de los testigos a los que fueron los dos máximos responsables del partido socialista.