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Dos accionistas de Frecuencia Latina toman posesión del canal peruano

Los socios minoritarios del Canal 2, los hermanos Samuel y Mendel Winter tomaron posesión, la mañana de ayer, de dicha emisora que fue virtualmente arrebatada por el Gobierno peruano de Alberto Fujimori al propietario principal Baruch Ivcher, en virtud de un mandato judicial calificado de inconstitucional por el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan.Con ello se cierra uno de los actos más escandalosos de la justicia peruana que viene siendo reorganizada por el régimen fujimorista desde 1992, en que dio un golpe de Estado cerrando el Congreso. Diversos informes periodísticos han demostrado que el Gobierno organizó una trama en el sistema judicial para colocar jueces adictos en la Sala de Derecho Público, encargada de resolver los procesos sobre la nacionalidad de Ivcher -de origen israelí y nacionalizado peruano en 1993- y del control administrativo de la emisora. Finalmente, dicha sala resolvió excluir a Ivcher de su canal, después de que se hicieran públicas graves denuncias de violaciones de los derechos humanos y corrupción contra la cúpula militar que gobierna con Fujimori desde 1992.

Los jefes de información y de los principales programas políticos, así como del Noticiero de Canal 2-Frecuencia Latina presentaron ayer por la mañana su renuncia a los hermanos Winter. Gonzalo Quijandría, conductor del Programa Contrapunto -en el que se hicieron las denuncias contra la cúpula militar- declaró que los Winter ingresaron al Canal a las 7:30 de la mañana de ayer, tras ordenar un cambio en el personal de seguridad. "Gonzalo -me dijeron- tómalo con calma, eres joven, piénsalo, pero yo les contesté que no tenía nada personal contra ellos, sino que a quien el exigía una explicación de lo sucedido era al Presidente de la República", dijo Quijandría.

Otra de las periodistas que han renunciado, Roxana Cueva, denunció, asimismo, que la policía confiscó el material grabado por dos ex camaras de Contrapunto que habían filmado el ingreso de los Winter al Canal.

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El Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, por su parte, emitió la víspera un comunicado en el que sostiene que las recientes decisiones del Poder Judicial en el caso de Canal 2 "dejan de lado el tema principal que sigue siendo el origen de todo: la invalidez de un acto administrativo de inferior jerarquía que contradice, fuera de todo plazo legal, la nacionalidad peruana que concedió una resolución suprema". Señala, además, que se han afectado "los derechos fundamentales de todos los peruanos en materia de nacionalidad, libertad de expresión e información y propiedad".

Santistevan invocó a las mas altas autoridades del Gobierno para que en respeto al principio de legalidad y la constitucionalidad de sus actos, "consideren la posibilidad de dejar sin efecto la mencionada resolución".

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