Un menor del caso del Raval afirma que la policía le coaccionó para que acusase a varios implicados

Un menor de once años declaró haber sido coaccionado por miembros de la policía adscritos al Grupo de Menores para que imputase a Xavier Tamarit y otros implicados en el caso de pederastia que instruye el juez Niubó, según consta en el sumario cuyo secreto se levantó el pasado viernes. El menor declaró en un principio que sus padres habían recibido cuatro millones de pesetas a cambio de que su hijo participase en las actividades pornográficas de la supuesta red pederasta. Pero en su declaración posterior ante el juez no ratificó nada de eso y atribuyó lo que dijo a las amenazas de la policía. A dos amenazas, concretamente: la de que sus padres irían a la cárcel y que él sería internado en un reformatorio.Según el relato del abogado de la familia, Xavier Melero, el 15 de julio pasado dos funcionarios de policía se presentaron, a las nueve de la mañana, en casa del menor. El padre había marchado a trabajar y los funcionarios exigieron a la madre y al niño que los acompañaran a comisaría. Durante aproximadamente cinco horas, el menor declaró ante la policía. Según fuentes consultadas por este diario, la declaración se produjo sin la asistencia del fiscal, trámite preceptivo en los casos de menores. Sin embargo, el abogado Melero no pudo confirmar este extremo. A las dos de la tarde, la policía comunicaba a la madre del menor que el niño se quedaba en comisaría para pasar- luego a la tutela de la Direcció General d'Assistència a la Infància, dependiente del departamento de Justicia. Por toda explicación, a la madre se le dijo que el menor presentaba claros indicios de desamparo.

Dos días después, los padres del niño -cuyo perfil social no corresponde al de una familia desestructurada- presentaban denuncia contra los policías del Grume, a los que acusaban de haberse quedado con su hijo. Y el 18 de julio, un día después, los padres -acompañados de la directora del colegio donde el menor cursa sus estudios- se presentaban en la DGAI, bajo el requerimiento de ésta. Iban a ser informados sobre la situación del menor. No les dio tiempo a salir: en los propios locales de la DGAI fueron detenidos por la policía, acusados de prostituir a su hijo. Pasaron tres días en comisaría. Pero a las 72 horas el juez de guardia decretaba su libertad sin fianza, aunque los cargos derivados de la declaración policial del menor continuaban. El 30 de julio, la DGAI les comunicaba su resolución: retiraba la patria potestad, apartaba al menor de sus padres y lo internaba en un centro de Barcelona. Todos estos extremos fueron confirmados anoche por el Director General d'Atenció a la Infància, Ramon Buscallà: "Nuestro servicios técnicos detectaron una situación de desamparo y procedieron en consecuencia". Contra esa resolución, y ante el juzgado de familia, el abogado Melero presentó recurso el 13 de agosto. Sin respuesta, por el momento.

Buscallà confirmó algo más. Con fecha 4 de agosto el juez. Niubó, había dirigido un oficio a la DGAI, donde reconociendo la competencia de esa dirección general en el asunto, expresaba su opinión de que el menor debía retornar con sus padres. La comunicación de Niubó tuvo probablemente su origen en la declaración que el menor -los padres y las hermanas también comparecieron- ya había hecho en su presencia.

Por otro lado, el juez instructor del caso decretó ayer la libertad de Enric Mena, uno de los cuatro implicados en la causa, que estaba encarcelado, informa Efe. Tras la libertad de Mena, sólo permanecen encarcelados, de los doce implicados, Xavier Tamarit, Jaime Lli y Josefa Guijarro, cuyo abogado ha pedido la libertad a la Audiencia de Barcelona.