Los peritos se ratifican en que Filesa pagó gastos electorales del PSOE

Los peritos de Hacienda que declararon ayer en la vista del caso Filesa ratificaron ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el informe realizado por encargo del primer instructor de la causa, Marino Barbero, en el que aseguran que Filesa sirvió para pagar las deudas electorales del PSOE. En la sesión de la mañana, presentaron un informe demoledor en el que desmenuzaron facturas, movimientos bancarios y asientos contables. Por la tarde, los defensores les hicieron atravesar las primeras dificultades.

En el turno del fiscal y las acusaciones, los peritos describieron Filesa como una empresa sin personal técnico cualificado para realizar unos informes pagados a un precio muy superior al del mercado y de los que no hay constancia que fueran subcontratados. Los pagos hechos por bancos y grandes sociedades no eran necesarios para desarrollar su actividad e incluso podían haber sido realizados por sus propios servicios de asesoramiento. De ahí, que no pudieran ser considerados como "gastos deducibles" y obedecieran a "una liberalidad".Pilar Valiente, primera firmante del informe pericial, fue incluso más allá y valoró como "prueba de suficiente relevancia" que las grandes empresas hubiesen admitido que los pagos efectuados por informes de Filesa no eran gastos deducibles y hubieran aceptado las regularizaciones propuestas.

A instancias del fiscal, los peritos desmenuzaron las relaciones de Filesa con empresas contratadas por el PSOE en sus campanas electorales, como Hauser y Menet, Producciones Dobbs, El Viso Publicidad y Seinlosa. Entre numerosos ejemplos de presuntas irregularidades, señalaron que en el contrato que firmó con Hauser, por 412 millones, el PSOE sólo abonó 248 mientras que los 164 restantes los asumió Filesa.

En la sesión de tarde, los defensores concentraron sus esfuerzos en tratar de desvirtuar el paseo matinal de los peritos. A preguntas del abogado Horacio Oliva, admitieron que asistieron a "casi todos" los registros en bancos y empresas, más de 40, en tanto que el juez instructor, Barbero, sólo estuvo presente en tres, uno de ellos el del Banco de España. Cuando el letrado quiso saber quién reclamaba durante los registros los documentos y soportes contables, los peritos se refugiaron en que fue la "comisión judicial".

Con el claro propósito de fundamentar una nulidad de pruebas, Horacio Oliva trató de precisar si fueron los propios peritos los que señalaban qué documentos querían llevarse. Estos divagaron en que unas veces era "el secretario judicial" y otras "el secretario y los demás", pero, en todo caso, era la "comisión judicial la que pedía los datos".

Al final, Oliva preguntó a la perito Valiente si había sido nombrada para un cargo de confianza por el Gobierno del PP. Ella admitió que es cierto y añadió que ha cesado como directora general. Oliva insinuó si el cese había tenido que ver con hechos atribuidos al anterior Ejecutivo, en clara referencia a no haberse podido demostrar el perdón del PSOE de los 200.000 millones de Hacienda. "En eso se equivoca totalmente, pero no creo que sea el momento", replicó Valiente.