El peligro de un nuevo Zaire
Kenia padeció durante agosto un incremento de la violencia política cuando -como Zaire antes de que la crisis se generalizase- se preparaba para unas próximas elecciones. Amnistía Internacional llevaba meses alertando de la magnitud de las violaciones de derechos humanos. El 10 de julio, la organización avisó ala comunidad internacional de que podría producirse una nueva catástrofe humanitaria. Tras los sucesos de las últimas semanas, el aviso es aún más perentorio.Daniel arap Moi, líder del partido Unión Nacional Africana de Kenia (KANU), gobierna desde 1978 un país independizado del Reino Unido en 1963, y que en 1982 se convirtió en un Estado de partido único. Bajo una intensa presión, Moi permitió en 1991 el multipartidismo. En diciembre de 1992, se celebraron elecciones en medio de denuncias de irregularidades.
Pero, a pesar de algunas mejoras, la represión generalizada de la oposición ha continuado. Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están previstas para antes de enero.
Con 30 millones de habitantes, la renta per cápita es de unos 260 dólares. El turismo es la principal fuente de divisas de Kenia, que recibe ayuda militar del Reino Unido y de EE UU.
Kenia ha sido considerado como un país estable. El pueblo de Kenia, no obstante, ha pagado un alto precio. La élite gobernante ha usado la represión para acallar la disidencia y mantener su poder. La corrupción es una práctica generalizada. La tortura y los homicidios policiales son un mal endémico.
En teoría, Kenia es, desde 1991, un Estado democrático. En la práctica, muchos de los que critican al Gobierno han sido acosados, detenidos arbitrariamente, interrogados y maltrados. La policía ha interrumpido sus uniones o ha hecho redadas en sus hogares negocios.
El partido de oposición Safina ha sido una de las principales víctimas del acoso. Le ha sido negado el registro oficial, sus reuniones han sido disueltas, sus publicaciones confiscadas y sus partidarios atacados.
Miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (CDHK) han recibido enormes presiones para que abandonasen sus actividades. El 25 de enero de 1997, la CDHK inició una campaña contra los homicidios policiales. Al menos 316 personas murieron a manos de la policía entre 1994 y 1996, según los casos que pudo documentar la comisión, aunque cree que la cifra real es más elevada.
Cualquier persona detenida en Kenia corre el riesgo de ser torturada o maltratada. La policía golpea de forma habitual a los presuntos delincuentes, especialmente a los que son pobres y carecen de dinero para pagar sobornos o presentar denuncias.
Sabemos que la presión internacional sobre el Gobierno keniano puede ser eficaz. En noviembre de 1991, la comunidad de paises donantes retiró su ayuda a Kenia como consecuencia de la presión en favor de la instauración de un sistema multipartidista y de la preocupación existente por una situación de corrupción generalizada. El Gobierno keniano legalizó a los partidos de la oposición en el plazo de tres semanas, y en 1992 se celebraron las primeras elecciones multipartidistas. Amnistía no está pidiendo que se suspenda la ayuda a Kenia, pero le gustaría que su mantenimiento se vinculara a las cuestiones de derechos humanos, entre ellas la reforma legislativa y constitucional y el fin de las violaciones de derechos humanos.
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