La Generalitat, responsabiliza al Gobierno del 'globo sonda' sobre el pago de los medicamentos

El consejero de la Presidencia de la Generalitat, Xavier Trias, expresó ayer la irritación de la Administración catalana por lo que sospecha que es un nuevo globo sonda del Gobierno central para atribuir a CiU la responsabilidad de una supuesta propuesta de hacer pagar a los pensionistas un porcentaje de los medicamentos. Esta propuesta, anunciada ayer por dos diarios, fue tajantemente desmentida por los dos vicepresidentes del Gobierno, Rodrigo Rato y Francisco Álvarez Cascos. Partídos de la posición y sindicatos la rechazaron con vehemencia.

Trias agregó que no sólo la propuesta no es de Convergéncia i Unió (CIU), sino que además no estaría de acuerdo con ella si el Gobierno la llegara a formular, lo que no ha hecho.El único compromiso del Gobierno central con CiU, señalaron fuentes diversas de la coalición nacionalista, es que a partir de 1998 la sanidad catalana recibirá 50.000 millones de pesetas más que en el ejercicio de 1996, que serán 60.000 millones a partir del año 2000. Los nacionalistas afirman desconocer cuál será la cantidad global que el Gobierno pondrá sobre la mesa como financiación extra para el conjunto del sistema sanitario español, si bien se habla de 200.000 millones al año o quizá algo más.

Los nacionalistas sí han sido informados por el vicepresidente Rato de que el Gobierno piensa financiar la cantidad que finalmente se pacte, principalmente (como mínimo el 70%) con fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. El otro 30%, como máximo, deberá proceder de ingresos que genere el propio sistema. Fuentes de CiU señalaron que es el Gobierno quien debe decidir de dónde proceden estos ingresos. En los últimos años se han barajado distintas fórmulas: lucha contra el fraude en la incapacidad laboral transitoria, un recargo sobre los impuestos del tabaco y del alcohol, mayor control del gasto farmacéutico y, también, el polémico copago de los medicamentos por parte de jubilados con pensiones relativamente altas. Para Trias esta última fórmula, además de impopular, supondría muy poco dinero y un lío burocrático.

No parece tampoco que vayan a incrementarse los impuestos sobre alcohol y tabaco, pero el Gobierno espera recaudar más por estos conceptos por la vía de que aumenten los precios de uno y otro producto.

La fijación de la cantidad global que va a inyectarse al sistema sanitario español (autonómico e Insalud) no puede conocerse aún, opinan expertos de la Generalitat, hasta que el Gobierno no negocie con las distintas comunidades autónomas con competencias en Sanidad, antes de que la propuesta sea sometida a la aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que según parece aún no se ha hecho. Tres fondos distintos

La Generalitat conoce la intención del Gobierno de proponer la creación de tres fondos para ser distribuidos entre las distintas administraciones sanitarias. Uno, el principal, sería el que ya existe y que sería distribuido siguiendo criterios de población como hasta ahora. Un segundo fondo iría destinado a las administraciones sanitarias que reciben enfermos desplazados desde otros territorios para recibir una asistencia especializada. El tercero ("de excelencia") serviría para compensar el mayor gasto ocasionado por los centros de investigación vinculados a hospitales. También estos fondos están pendientes de la aceptación de las autonomías.

El compromiso del Gobierno de que serán 50.000 los millones que irán a Cataluña es conocido por la Generalitat desde antes de las vacaciones, pero no se ha hecho público hasta que, el pasado lunes, lo ratificó Rodrigo Rato ante Joaquim Molins y el consejero de Economía, Artur Mas, en el marco del inicio de negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 1998. Jordi Pujol sigue considerando esa cantidad insuficiente, pero ha acabado por aceptarla. En julio, ante los miembros del comité ejecutivo de su partido, Pujol no descartó la posibilidad de votar en contra del capítulo de sanidad de los presupuestos del próximo año si no había acuerdo. Mensajeros de CiU hicieron llegar el mensaje al Gobierno de que tomarían represalias parlamentarias si se veían obligados a votar, por imperativos de Maastricht, unos presupuestos insatisfactorios porque no daban solución a la financiación sanitaria.

Los 50.000 millones para Cataluña tienen aproximadamente el siguiente desglose: unos 30.000 millones proceden de la cantidad extra que para 1988 el Estado destine al fondo, general (en proporción a la población); 11.000 millones corresponden al ahorro de 70.000 millones derivado de la congelación salarial del personal sanitario durante 1997 (esta cantidad ya se ha cobrado este año, distribuida de acuerdo con la población, y se consolida para los próximos ejercios), y el resto, entre 8.000 y 9.000 millones, por los fondos para desplazados y centros de excelencia.