El Gobierno estudia pero no modifica aún la 'ley digital'

El Consejo de Ministros, en su primera reunión tras las vacaciones de verano, analizó ayer "por primera vez" la reforma de la llamada ley digital para cumplimentar la exigencia de la Comisión Europea, según aseguró el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, en la conferencia de prensa para informar de los acuerdos del Consejo. El portavoz se limitó a afirmar: "Se ha hablado en el Consejo, pero no hay decisión sobre la reforma de esta ley y no puedo avanzar nada sobre esta materia".Al preguntarle si se ha fijado un plazo para la reforma, Rodríguez respondió: "Concreto, no, quizás dos o tres semanas, pero no estoy dando un plazo concreto sino una previsión".

Ante una nueva pregunta sobre la cuestión, el portavoz oficial se limitó a decir. que se había tratado "por primera vez" y que "no hay más información al respecto". Rodríguez zanjó el tema afirmando que el Gobierno "está de espectador" en el conflicto entre las plataformas digitales, Canal Satélite y Vía Digital.

El Gobierno anunció en Bruselas la semana pasada su intención de retocar la citada ley con el fin de evitar que la Comisión Europea pida al Tribunal de Luxemburgo la suspensión de la norma, ya que ésta en su actual redacción vulnera la normativa comunitaria sobre la libre circulación de mercancías.

Las modificaciones anunciadas por el Ministerio de Fomento consisten básicamente en suprimir la preferencia por un descodificador determinado -en este caso el multicrypt, el sistema que prevé utilizar Vía Digital, la plataforma auspiciada por el propio Ejecutivo y en aceptar el simulcrypt siempre que incluya "un módulo adaptador".

Tras un primer análisis de las intenciones de Fomento, la Comisión Europea advirtió al Gobierno español que no tolerará un simple "maquillaje" de la ley digital y que considerará ilegal la imposición de un adaptador a los descodificadores simulcrypt.

Fuentes comunitarias han señalado además que los retoques que el Gobierno piensa introducir en la ley se refieren casi exclusivamente a los descodificadores, ignorando otros puntos de la norma cuestionados por Bruselas. Por

ejemplo, la no notificación de cambios técnicos en la adopción de la directiva comunitaria sobre descodificadores seis meses antes de su aprobación o la facultad que se otorga a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones para fijar los precios por la cesión de servicios entre operadores, sin dar margen a la negociación entre las partes.

La Comisión acepta un breve retraso en la modificación de la ley siempre que se deba a razones técnicas, y previsiblemente no tratará el conflicto en su reunión del próximo 3 de septiembre. Si juzga el retraso como una maniobra dilatoria, Bruselas puede dar por concluido el periodo de alegaciones -que terminó ayer- y poner en marcha la petición de medidas cautelares contra España.