La decisión sobre pensiones, en diciembre

El Gobierno echó ayer algo más de leña al fuego del debate sobre si se debe aplicar o no a las pensiones el descuento que proviene de la diferencia entre el IPC previsto (2,6%, cifra que se tomó como referencia para la subida de las pensiones) y el real (que se situará, según los expertos, en torno al 2%).Su portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, tildó al PSOE de "frívolo e irresponsable" por proponer cambios en la Ley de Pensiones. El primer grupo de la oposición presentó el pasado martes en el Congreso una proposición de ley para eliminar la posibilidad de efectuar el polémico descuento.

Rodríguez esgrimió que, con esta iniciativa, "el PSOE plantea que no se aplique una legislación aprobada en el Parlamento con un gran respaldo y que está consensuada con los sindicatos". "¿O es que los socialistas plantean romper el Pacto de Toledo y la estabilidad financiera de las pensiones?", se preguntó retóricamente.

No obstante, el secretario de Estado de Comunicación siguió sin aclarar cuál será la decisión definitiva. "El Gobierno decidirá en el mes de diciembre, una vez que se conozca la inflación de noviembre", reiteró, tras insistir en que los pensionistas "deben estar tranquilos porque su poder adquisitivo se mantendrá el ano próximo".

El Consejo de Ministros también aprobó un proyecto de ley que regula "la letra pequeña de los contratos". El texto, que traspone la directiva comunitaria sobre contratos con cláusulas abusivas, prevé la nulidad de las cláusulas que "dejen el contrato a voluntad del empresario, que priven de derechos básicos al consumidor, que carezcan de reciprocidad entre las partes y que, en general, produzcan un desequilibrio contractual en contar de la buena fe", según la explicación ofrecida ayer por el Ejecutivo.

El proyecto de ley establece multas del doble de la cuantía de cada contrato para los empresarios que persistan en la utilización de las condiciones generales contra las que hayan prosperado las acciones judiciales que se establecen en la ley. La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) aplaudió la decisión del Gobierno.