Bruselas considera insuficientes los retoques a la 'ley digital'

La Comisión Europea declarará ilegal el adaptador que Fomento quiere imponer en los descodificadores de la televisión digital, según fuentes comunitarias. El adaptador, fórmula mágica con la que el Gobierno quiere evitar un varapalo de Bruselas a la ley digital, vendría a empeorar la homologación de esta ley con la normativa europea. La Comisión está sorprendida por la opacidad del Gobierno y sólo aplazará por unas semanas la denuncia contra España ante el Tribunal de Luxemburgo si un eventual retraso de la nueva ley se debe a causas técnicas.

Bruselas aún no ha analizado en profundidad las propuestas de modificación de la ley digital presentadas por España. En parte por falta de tiempo, pero sobre todo porque el ejecutivo comunitario sigue sin saber muy bien cuáles son las intenciones españolas. El análisis detallado sólo se realizará en base a la nueva redacción de la ley, según señalaron fuentes comunitarias conocedoras de las posiciones de la Comisión Europea.Según estas mismas fuentes, en este primer análisis los técnicos de Bruselas han llegado a la conclusión de que el adaptador que ahora apadrina Fomento para instalar en los descodificadores simulcrypt es ilegal. No sólo no solucionaría el contencioso entre Madrid y Bruselas, sino que añadiría un motivo más para que le ley española sea llevada ante el Tribunal de Luxemburgo.

Adaptador 'fantasma'

En realidad, Bruselas ni siquiera sabe si ese adaptador existe en el mercado. Cree que se reduce a incluir un interfaz común en los descodificadores del tipo simulcrypt -el utilizado por Canal Satélite Digital-, lo que vendría a convertir este descodificador en un aparato multicrypt, favoreciendo así los intereses de Vía Digital, la plataforma que impulsa el Gobierno del Partido Popular a través de Telefónica.

La exigencia de que todos los operadores estén obligados a suministrar ese adaptador a los consumidores que así lo exijan sería, pues, una nueva violación de la normativa comunitaria. España no ha aclarado, por ejemplo, si es el operador el que tiene que costear ese adaptador, lo que constituiría una discriminación frente a los que utilicen el sistema multicrypt.

En la Comisión Europea existe cierto desconcierto por la opacidad con la que España prepara lo que el propio Ministerio de Fomento ha reconocido que serán "modificaciones mínimas" de la ley digital. "La Comisión tiene la sensación de que lo único que le preocupa al Gobierno español no es poner fin al proceso de infracción, sino evitar que se pidan medidas cautelares al Tribunal de Luxemburgo e impedir así que éste acabe suspendiendo la ley", señalaron esas fuentes.

Esa creencia se basa en varios datos, como el hecho de que Madrid no haya presentado a Bruselas ningún borrador del texto legal que piensa aprobar, cuando normalmente en estos casos ningún país da luz verde a ninguna modificación sin asegurarse antes de que ésta bastará para frenar una denuncia de la Comisión Europea.

A su vez, el Gobierno de José María Azar parece inclinarse por modificar la normativa a través de un decreto-ley, cuando lo lógico sería hacerlo mediante un proyecto de ley tramitado por vía de urgencia. "Esa es la vía que prefiere la Comisión, porque le permitiría influir en el redactado final", señalan las fuentes comunitarias.

Asimismo, los datos adelantados por el Ministerio de Fomento se refieren casi exclusivamente a la cuestión de los descodificadores, pero ignoran otras partes de la ley cuestionadas por Bruselas. Por ejemplo, la no notificación de cambios técnicos en la adopción de la directiva comunitaria sobre descodificadores seis meses antes de su aprobación. O la facultad que otorga la ley digital a la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones (CNMT) para fijar los precios por la cesión de servicios entre operadores, sin dar margen a la negociación entre las partes y sin aplicar criterios objetivos y predeterminados en su arbitraje.

Motivos de inquietud

No son éstos los únicos motivos de inquietud en la Comisión. También preocupa la posibilidad de que el Gobierno no apruebe las modificaciones anunciadas en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, mañana viernes.

[De hecho, las fuentes consultadas ayer en el Ministerio de Fomento y en Moncloa aseguraron que la comisión de subsecretarios que prepara los asuntos a debatir por el Consejo de Ministros no había tratado el tema, por lo que no era seguro que la reforma de la ley digital se abordara en la reunión del Consejo de mañana.]

Bruselas está dispuesta a aceptar un retraso de una semana, pero sólo en el caso de que éste se deba a razones estrictamente técnicas y no a simples maniobras de dilación.

Si la Comisión Europea considera que el Gobierno español trata de dilatar la reforma de una ley para asegurarse el apoyo de otras fuerzas políticas a una norma deliberadamente ilegal, puede dar por definitivamente superado el periodo de alegaciones y poner inmediatamente en marcha la petición de medidas cautelares contra España.