Paz privada, conflicto público
La decisión de Telefónica de reabrir la guerra por los derechos del fútbol entra de lleno en contradicción con las insistentes apelaciones a la paz formuladas por el Gobierno del PP y por el resto de instancias políticas y deportivas cuando el conflicto, el año pasado, se situaba entre dos empresas estrictamente privadas, la cadena Antena 3, presidida por Antonio Asensio, y Canal +.El propio secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, declaraba, el 4 de junio de 1996, durante las IX Jornadas sobre Presente y futuro de la comunicación en España, organizadas por El Nuevo Lunes, que el fracaso de una operación en el sector televisivo, del calibre de la que está en marcha en torno a los derechos del fútbol, "podría dar al traste no sólo con la emisora de televisión que se equivoque en sus predicciones, sino con toda la Liga de fútbol", y aseguraba que era su deber "avisar que la carrera desenfrenada por la pugna de derechos [de emisión de fútbol] sólo traerá problemas para las televisiones y para los clubes". De ahí su defensa de la necesidad de un pacto entre cadenas de televisión, que el Gobierno no puede exigir -puntualizó- pero que considera imprescindible.
Meses más tarde -el 23 de octubre-, y nuevamente en relación con el conflicto por los derechos de retransmisión televisiva de los partidos de fútbol, Rodríguez manifestaba a este periódico su deseo de que "las guerras entre empresas terminen" y recordaba que él propuso en junio un arbitraje, "cuando se me dijo que ellos [los operadores] preferían dialogar".
Compromiso
Desde los propios clubes se hacían también llamamientos a la paz. El presidente del Barcelona, Josep Lluís Núnez, insistía en abril del año pasado que las televisiones debían llegar a un acuerdo de futuro. "Si no peligra el contrato actual, lo que sin duda no interesa a las cadenas. Hasta el momento hay dos televisiones [por la FORTA y Canal + ] con contrato en vigor que deben llegar a un compromiso con una tercera para resolver el futuro".También Joaquín Leguina, portavoz del grupo socialista en la comisión de Control Parlamentario de RTVE, manifestaba el 21 de octubre que en la guerra de fútbol acabarían "interviniendo los tribunales", y, que si no se alcanzaba un acuerdo entre las partes, "al final todos, incluidos los clubes, pagarán las consecuencias".
