Aislamientos

El verano del 97 ha quedado marcado por las grandes movilizaciones ciudadanas contra el asesinato del concejal de Ermua. Y esa respuesta cívica fue tan convincente y masiva que logró lo que antes parecía imposible: cambiar la definición de la realidad, obligando a todos los partidos políticos, incluidos los que apoyan o comprenden a ETA, a modificar su estrategia. Así es como ha surgido un nuevo consenso antiterrorista, que busca como principal objetivo neutralizar políticamente a Herri Batasuna y cuyo principal fruto se obtuvo el jueves pasado, al recuperar la alcaldía de Mondragón poniéndola bajo el control de las fuerzas que defienden la legalidadNo obstante, es tanto el miedo que tenemos todos a no poder vencer a esta criminal mafia política, que en seguida se han levantado voces agoreras lamentando por anticipado la inevitable ruptura del nuevo consenso antiterrorista. Y en cuanto explicables episodios aislados han parecido darles la razón, estos profetas de la derrota se han apresurado a proclamar triunfalmente: ¿véis?, ya lo decía yo. Por eso, como las profecías tienden a cumplirse a sí mismas, sería conveniente que nuestros cenizos se guardasen los augurios derrotistas, sumándose con mayor optimismo al clamor popular que reivindica la posibilidad de una victoria política contra ETA.

Pero hablando de disputas entre demócratas y de profecías pesimistas, lo que más amenaza al nuevo consenso antitetrorista es sin duda la polémica sobre la naturaleza que debe tener el aislamiento al que se somete a la trama civil de ETA. ¿Debe ser un aislamiento sólo político, como sostienen Izquierda Unida y los nacionalistas? ¿O debe ser, también, un aislamiento social, como defendemos muchos, e incluso legal, como aventura el Gobierno al proponer medidas penales sospechosas de discriminación anticonstitucional?

El aislamiento legal no parece admisible. La trama civil no debe ser legalmente discriminada por idéntica razón que a ETA sólo hay que aplicarle el mismo código penal que a los demás criminales comunes. Esto significa que no, puede haber excepciones para la edad penal ni para ninguna otra disposición normativa (como pueda ser la autorización municipal para instalar txoznas). A los militantes o votantes de Jarrai o HB sólo se les pueden recortar sus derechos legales por sentencia firme de los tribunales. Y ello de igual modo que no se puede cerrar el Egin ni ilegalizar HB, auque sí procesar a sus redactores o dirigentes cuando se sospeche que delinquen.

Por lo tanto, lo único discutible (y creo que deseable) es el aislamiento social de la trama civil. Aquí se dan dos razones para desaconsejarlo (como ha hecho, por ejemplo, mi apreciado colega Javier Elzo, de quien me honro sentirme amigo): que es imposible, dada la complejidad del tejido social vasco, y que no resulta conveniente porque causaría peores efectos, exacerbando el radicalismo antisistema de la trama civil. Pues bien, ambos argumentos pueden ser rebatidos. El aislamiento social es difícil pero no imposible, dado que se trata de una cuestión de grado: ignorarlos completamente no se puede, claro, pues para coexistir hay que cederles paso cuando menos. Pero se debe reducir al mínimo el trato con ellos para hacerles comprender que no los reconoceremos como dignos de convivir con nosotros hasta que no renuncien a ser cómplices morales de los criminales.

Respecto a la utilidad del aislamiento social, supuestamente provocador de mayor radicalización, debe recordarse que la peor inducción a la violencia es su tolerancia tácita, pues el que calla otorga. Lo que se busca no es obtener el apaciguamiento de quienes componen la trama civil sino su deserción: hay que convencer a los simpatizantes de ETA para que abandonen el gueto, aunque a cambio se radicalicen todavía más los que se quedan dentro. Pues la única posibilidad de vencer a ETA pasa por privarle poco a poco de su base social: y eso sólo puede lograrlo la propia sociedad civil.