Los partidos mexicanos piden que el Ejército sea apartado del combate al narcotráfico

Una nueva tormenta se abate sobre México. La reciente publicación de documentos ue confirman los vínculos de algunos militares con el narcotráfico ha conmocionado a un país que empezaba a considerar al Ejército como una reserva espiritual en medio de la corrupción política y policial. La desazón es aún mayor si se tiene en cuenta que, por esa misma solidez institucional, el Ejército había asumido el protagonismo en el combate contra las drogas. Ahora los partidos piden un cambio de estrategia y exigen la depuración en las filas castrenses su apertura al control del Congreso.Con el título El Ejército y el narco, el semanario Proceso reprodujo la semana pasada el contenido de varios documentos del espionaje militar, entre ellos uno sobre la detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo, máximo responsable de la lucha antidroga, capturado el pasado febrero por sus vínculos con el cartel de Ciudad Juárez, así como dos investigaciones, realizadas en Chihuahua en 1990 y en Jalisco en 1991, en las que sale a relucir una larga lista de militares involucrados, en el narcotráfico.

A pesar de lo escueto de los informes, su filtración parece apuntar a la existencia de luchas internas en las Fuerzas Armadas o, quizá, a una estrategia para forzar una depuración de la institución. Su publicación, que coincide con las amenazas de Gutiérrez Rebollo de arrastrar a otros en su caída, ha puesto en la picota al Ejército, convertido tras la revolución de 1910 en uno de los pilares más sólidos de la estabilidad institucional.

Las Fuerzas Armadas mexicanas, consideradas como una de las más profesionales de América Latina, constituyen un férreo poder a la sombra del presidente de la República. No es de extrañar por ello que cuando el narcotráfico empezó a hacer estragos en los cuerpos policiales a partir de los años setenta, los militares fueran asumiendo como tareas la intercepción del transporte de droga y la erradicación de cultivos. Nada pudo frenar, sin embargo, la expansión del crimen organizado. El presidente Ernesto Zedillo catalogó el problema como una amenaza a la seguridad nacional y, a pesar de las críticas de la oposición, puso desde 1995 al Ejército al frente del combate del narcotráfico como un remedio temporal en tanto se crea un cuerpo de élite, cuyos miembros están recibiendo formación, en el extranjero, entre otros países, en España.

La detención de Gutiérrez Rebollo, sin embargo, supuso un fuerte golpe para la estrategia gubernamental. La publicación de los documentos ha añadido más leña al fuego. El Ejército aparece de pronto como un gigante con pies de barro.

La Secretaría de Defensa ha querido salir al paso reconociendo que ha puesto a disposición de la justicia a 34 militares por supuestos vínculos con el narcotráfico. Numerosas voces alegan que unos cuantos casos de corrupción no ensucian el prestigio del Ejército, que, por lo demás, ha dado muestras de interés por limpiar su casa.

No ha resultado suficiente. Además de exigir la depuración a fondo del Ejército, todos los partidos políticos han pedido su retirada de estas actividades, por considerar que finalmente la institución castrense acaba sufriendo más daño al exponerse al inmenso poder corruptor de las mafias de la droga. "Me parece que ésta es una lección para fortalecer las instituciones civiles, que sean ellas las encargadas de las acciones para controlar el narcotráfico y que el Ejército deje de abusar de su condición de cuerpo orgánico e institucional", declaraba Felipe Calderón, presidente del Partido de Acción Nacional (PAN).

Una de las tablas de salvacion puede ser, precisamente, la apertura democrática que arrancó con las elecciones legislativas del pasado 6 de julio. La transparencia que conlleva un juego político equitativo y la capacidad de maniobra de un Congreso que estará dominado por la oposición pueden reducir los márgenes de impunidad de funcionarios e instituciones.