En manos de Arias Salgado

La compra de Antena 3 por Telefónica, calificada inmediatamente de mera "operación comercial" por el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, necesitará alguna opinión más sólida por parte del Ejecutivo. El Ministerio de Fomento, en concreto, debe revisar la legalidad de la operación y dar en función de ello su autorización. También es Fomento quien ha autorizado la subida de las tarifas que Telefónica aplicará en 1998 a todos los hogares con teléfono y quien determina el régimen de explotación, hasta ahora de monopolio, de la compañía, condicionando así la capacidad de movilizar recursos.Apartar a Antonio Asensio de Antena 3 y de GMA ha costado 64.000 millones. Telefónica pagó 44.400 millones (25.884 por el 25% de Antena 3, y 18.530 por el 49% de GMA); BCH, 7.000 millones por el 7,13% (y pasa a controlar el 21,3% de la cadena) y Banco Santander, 12.032 millones (el 11,57%). La capacidad de movilizar recursos por parte de la compañía que preside Juan Villalonga depende de decisiones del Gobierno. El 90% de los ingresos de Telefónica depende de las tarifas que fija el Gobierno, pues continúa siendo un monopolio de hecho en telefonía básica. La única compañía competidora, Retevisión -con amplia participación pública-, aspira a conseguir un 10% del tráfico telefónico en el año 2007. Hasta el 2005 Telefónica seguirá siendo la encargada del servicio universal, lo cual le permitirá recibir compensaciones.

Pero el Gobierno no sólo interviene en la fijación de las tarifas telefónicas, sino que fija también las tarifas de interconexión que deberán pagar los otros operadores de telefonía fija (Retevisión), de cable o de teléfonos móviles (Airtel) por usar su red. Incluso las tarifas para el uso de los descodificadores -también los de Vía Digital- serán fijadas por el Gobierno.

El cash flow enorme utilizado para comprar Antena 3 y para el proyecto de Vía Digital es el resultado de decisiones del Gobierno y del régimen de monopolio de Telefónica, que evolucionará en forma de duopolio entre dos empresas de matriz pública y de control gubernamental. Pero ésta no es la única situación dudosa en cuanto a régimen de competencia y liberalización del mercado. Hay otros interrogantes de orden legal a los que deberá responder el ministerio que encabeza Rafael Arias Salgado antes de dar luz verde a la operación.

¿Se corresponde la entrada en el negocio de la televisión generalista con el objeto social de Telefónica?

Su objeto social es la instalación y explotación de servicios telefónicos. ¿No necesita el permiso del Ministerio de Fomento, y en concreto una autorización administrativa, para ampliar su objeto social a una actividad comercial que no es la que figura oficialmente?

¿Es posible ser accionista de las dos plataformas digitales?

Telefónica tiene el 30% de Vía Digital y, con la compra de Antena 3, ha entrado también en la empresa líder que es Canal Satélite Digital con un 15%. Según las leyes europeas es más que dudosa esta omnipresencia. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones ha anunciado el estudio detallado de la compra. El Tribunal de Defensa de la Competencia lo deja para septiembre.

¿Puede una empresa con acciones no nominativas, como es Telefónica, ser accionista de una televisión privada?

La ley exige que los accionistas de una empresa de televisión privada sean nominales, de forma que se pueda verificar que ni directa ni indirectamente alguien esté participando simultáneamente en dos canales. Este supuesto exigido por la ley es imposible en el caso de Telefónica, cuyas acciones al portador no permiten la identificación de su propietario.

¿Por qué Telefónica paga 25.000 millones por el 25% de una empresa que se encuentra en una difícil situación financiera?

Porque da igual el precio si luego el Gobierno autoriza la subida de tarifas telefónicas. Las imprudencias empresariales no las paga Villalonga sino los abonados al servicio telefónico.

¿Pero el Gobierno va a autorizar esa subida telefónica?

Ya lo ha hecho. De esta forma los favores de Telefónica al Gobierno (compra de Antena 3 y sufragar Vía Digital) se los cobra a sus abonados telefónicos. El Gobierno ha aprobado para el próximo año una subida del 12% en las llamadas locales (las más frecuentes). Su tarifa estará entre las más caras de Europa. Sólo esta subida le reportará a la compañía 40.000 millones de beneficios. A Villalonga la compra de Antena 3 le sale gratis; a los españoles, no. A menos que lo impida, por interés general, el ministro de Fomento.

¿Cómo es posible que Telefónica garantice a BCH y Banco Santander que les comprará todas sus acciones en Antena 3 y con precio pactado?

Por lo menos necesita pedir permiso. La ley de TV privada señala que "requerirán la previa autorización administrativa todos los actos y negocios jurídicos que impliquen la transmisión, disposición o gravamen de las acciones de las sociedades concesionarías, así como la emisión de obligaciones o de títulos similares".

¿Tiene el presidente de Telefónica información privilegiada sobre los planes legislativos del Gobierno, de forma que puede adquirir compromisos con los bancos sobre la recompra de su actual participación en Antena 3?

Villalonga anunció a los socios de operación que cambiará la ley para permitir que los accionistas superen el límite del 25%, de forma que pueda comprar a los dos bancos que ahora acaban de ampliar su participación en Antena 3. ¿Ha reci 1 o alguna garantía Villalonga del presidente del Gobierno? ¿Ha sido preparada la operación en reuniones entre Telefónica y el Gobierno?

¿Cómo se puede vender el 43,7% de Antena 3 en un solo paquete si la ley prohibe poseer más del 25%?

La ley de TV privada establece que "ninguna persona física o jurídica podrá ser titular directa o indirectamente de más del 25% del capital de una sociedad concesionaria", como es Antena 3. Era más que un secreto a voces -y se ha comprobado- que las empresas de Asensio controlaban más del 25% de las acciones. ¿Va a autorizar Fomento esta transmisión de acciones que se salta la ley?

¿Qué dijeron los consejeros independientes de Telefónica sobre el pago de 25.000 millones por una empresa endeudada al 70% de sus recursos con 65.000 millones?

Se aprobó por unanimidad. Los llamados consejeros independientes fueron nombrados por su afinidad a Villalonga, al vicepresidente económico Rodrigo Rato y a Aznar. Su independencia depende de ellos. El consejo de Telefónica lo integran 18 miembros: 2 de La Caixa, 2 del BBV y 2 de Argentaria; 3 de Telefónica; y los 9 independientes. El llamado núcleo duro, formado por La Caixa y el BBV, con cuatro consejeros sobre 18, no tuvo más remedio que someterse para evitar un enfrentamiento directo con el presidente.