¿Hay dinero para aplicar esta ley?

La falta de infraestructuras apropiadas para el tratamiento de los menores infractores y de dotación económica para aplicar la futura ley de Justicia de Menores es la principal objeción que, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -encargado de elaborar un informe no vinculante sobre el anteproyecto-, merece el texto sometido al órgano de gobierno de los jueces. Si el CGPJ echó en falta en el anteproyecto elaborado por los socialistas en 1995, menos ambicioso que éste, la evaluación del coste necesario para el "importante esfuerzo inversor" que exigía, la pregunta de ahora es si habrá dinero para aplicar esta ley.El artículo 54 exige que "las medidas privativas de libertad, la detención y las medidas cautelares de internamiento que se impongan ( ... ) se ejecutarán en centros específicos para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislación penitenciaria para la ejecución de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los mayores de, edad penal". Igualmente, los programas resocializadores, en régimen cerrado o abierto, requieren fuertes inversiones, así como la dotación de los equipos técnicos multiprofesionales que ayudarán a jueces y fiscales.

La respuesta a todas estas necesidades es una disposición que retrasa la entrada en vigor de la ley durante un año, durante el cual "los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales deberán dictar las normas reglamentarias necesarias para la aplicación de la presente ley" y las comunidades autónomas adaptarán a la misma su legislación.