Gómez de Liaño retrasó 74 días un informe sobre Sogecable para el que tenía un plazo de 6

La Audiencia Nacional ordenó el pasado 28 de abril al juez Javier Gómez de Liaño que emitiera en un plazo de seis días un informe sobre Sogecable, relacionado con un recurso de la defensa de dicha empresa sobre un tema trascendente: la petición de sobreseimiento, de las actuaciones abiertas contra su Consejo de Administración. Pero el juez Gómez de Liaño cumplimentó la emisión del informe el 11 de julio. Esto es, tardó 74 días: dos meses y medio. Los abogados de Sogecable piden ahora la intervención del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) por ese retraso.

Fue el 10 de abril cuando Sogecable solicitó a Gómez de Liaño el sobreseimiento de las diligencias, "por no ser los hechos constitutivos de infracción penal". El juez instructor, que se tomó 11 días para desestimar la petición de Sogecable, alegó que el momento procesal no era el idóneo.Sogecable recurrió a la Audiencia Nacional. El 28 de abril, la Sala de lo Penal de la Audiencia ordenó a Gómez de Liaño que emitiera un informe en el término de seis días. Es decir, que antes del 4 de mayo Gómez de Liaño debía haberlo cumplimentado; sin embargo, el informe no llegó hasta el 11 de julio. En lugar de los 6 días que le habían marcado de plazo, Gómez de Liaño se tomó 74.

"La situación reviste especial gravedad y significado", dice el escrito de queja de Sogecable remitido al Consejo General del Poder Judicial, "si tenemos en cuenta que, habiendo sido numerosos los recursos formulados, el único que se circunscribe a una cuestión de fondo -de tal magnitud como es el sobreseimiento del caso- es, precisamente, el recurso en el que el juez dilata de manera inexplicable la emisión de su informe durante un periodo de dos meses y medio".

"Tal proceder viene a perturbar gravemente el correcto desenvolvimiento de la instrucción hasta el punto de haber podido dar lugar, tan gravosa como innecesariamente, a la práctica de diligencias que de otro modo -y caso de estimarse el recurso- no habrían llegado a realizarse", finaliza el escrito remitido por Sogecable al CGPJ.

La recusación

Por otra parte, el juez Baltasar Garzón, que instruye la recusación de Gómez de Liaño solicitada por el consejero delegado de Sogecable, Juan Luis Cebrián, ha pedido a este último que justifique varias de las pruebas testificales que ha solicitado. Una de ellas consiste en precisar cuáles son los destinatarios de los faxes enviados desde el juzgado de Gómez de Liaño que Cebrián pide investigar. El otro se refiere a justificar- supetición de que tres personas -Jaime García Añoveros, Joaquín Navarro y Jesús Neira- declaren en el incidente de recusación.A este respecto, los abogados de Cebrián han remitido a Garzón un escrito en el que le informan de que García Añoveros, Neira y Navarro "podrán proporcionar al instructor datos relativos a encuentros y comunicaciones habidas entre el juez recusado (Gómez de Liaño) y personas citadas en aquel escrito de recusación (Jaime Campmany, Jesús Cacho, la fiscal Márquez). Estas reuniones -algunas de ellas celebradas en marzo, después de que se hubieran iniciado las diligencias sobre Sogecable-, tuvieron por objeto la adopción de determinados acuerdos entre las personas asistentes que han afectado de manera crucial al desarrollo del presente proceso".

"La existencia de dichas reuniones y sus contenidos, cuando se demuestren, servirán para ( ... ) decidir con mayor fundamento sobre la concurrencia del interés indirecto en la causa", finaliza el escrito remitido a Baltasar Garzón.

Por su parte, Liaño ha mandado un escrito a Garzón en el que se queja porque éste, instructor del incidente de recusación promovido por Cebrián, ha pedido a Telefónica los faxes cursados desde el Juzgado Central de Instrucción número 1, del que es titular. Liaño insiste en la "impertinencia" de la prueba propuesta por Cebrián y aceptada por Garzón.

Y aunque fuentes jurídicas insisten en que en un procedimiento de recusación de un juez el recusado no puede proponer contraprueba, Gómez de Liaño propuso ayer, para que declaren como testigos, a su padre, Mariano Gómez de Liaño, ex magistrado del Supremo; a su compañera, la fiscal Márquez de Prado; al denunciante de Sogecable y director de Época, Jaime Capmany; al abogado Antonio García Trevijano; al querellante y columnista de Epoca y El Mundo, Jesús Cacho; al director de este último periódico, Pedro J. Ramírez, y a la empresaria Rosa Bernal.