El Constitucional suspende el aumento salarial de los funcionarios vascos

El Tribunal Constitucional ha decidido suspender el aumento salarial de los funcionarios vascos, aprobado por el Ejecutivo autónomo, que se saltó la congelación salarial impuesta por el Gobierno a los funcionarios en 1997. El auto, acordado por el Constitucional el día 15 en sesión presidida por Álvaro Rodríguez Bereijo, argumenta su decisión en la primacía de una norma de interés general y por causar "menor quebranto" si prospera el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno

El pasado 26 de marzo, el Ejecutivo interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno vasco por al aumento de las retribuciones salariales a sus funcionarios, recogido en los presupuestos de 1997. Para ese mismo año, el Ministerio de Administraciones Públicas había decidido, en julio de 1996, la congelación salarial de todos los funcionarios con el objetivo, según señaló el ministro Mariano Rajoy, de reducir el déficit público y ajustarse a los compromisos del Tratado de Maastricht. La medida afectaba a todas las administraciones: central, autonómicas y municipales.Sin embargo, el Gobierno vasco decidió aumentar en un 1% global los salarios de sus funcionarios -en conceptos de productividad y homologación- en los presupuestos para 1997, aprobados en el Parlamento vasco el 27 de diciembre de 1996. También lo hicieron los gobiernos autónomos de Navarra y Asturias -gobernados ambos por el Partido Popular-, así como numerosos municipios.

El recurso interpuesto por el Gobierno central, admitido a trámite por el Constitucional el 8 de abril de 1997, se centra en los apartados 4 y 9 del artículo 17 de la Ley del Parlamento vasco, referente a los presupuestos generales de la comunidad autónoma.

Incremento retributivo

El Gobierno vasco argumentó ante el Constitucional, entre otras cosas, que sus "presupuestos no producen automáticamente un incremento retributivo". "Aun admitiendo que pudiera derivarse de la normativa recurrida un incremento retributivo, ello no pone en peligro la consecución de los aspectos de política económica general -inflación y déficit presupuestario- que invoca el preámbulo de la Ley de Presupuestos, porque ninguna incidencia negativa tiene sobre los mismos", alegó el Gobierno vasco. La alegación se basaba en un informe del vicelehendakari del Ejecutivo vasco, Juan José Ibarretxe.El auto del Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de los preceptos impugnados de la citada Ley de Presupuestos del Parlamento vasco. Según el auto del Constitucional, "el levantamiento de la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados [por el Gobierno central] podría poner en peligro, como señala el abogado del Estado, la efectividad de una medida de política económica general -retribuciones de los funcionarios- que afecta a uno de los componentes esenciales del gasto público".

Además de esta razón de interés general, el auto del Constitucional aduce una razón de "mal menor". "Si el recurso de inconstitucionalidad [presentado por el Gobierno central] termina siendo desestimado, los posibles perjuicios derivados del mantenimiento de la suspensión podrían repararse sin dificultad mediante el pago de los correspondientes haberes, mientras que, de prosperar el recurso, sería mayor el quebranto sufrido por el personal perceptor, que debería restituir lo cobrado en exceso", señala.

Las relaciones entre el Gobierno del PP y el PNV no se ven afectadas por este contencioso de las retribuciones, pese al malestar que causó en el Ejecutivo vasco, presidido por el PNV, el recurso que presentó el Gobierno Aznar en marzo o el conocimiento del auto dictado el 15 de julio por el Constitucional.