Francia asume que no cumplirá con Maastricht pese al plan urgente para atajar el déficit

Francia conoció ayer el resultado de la auditoría sobre las finanzas públicas encargada por el nuevo Gobierno de la izquierda. Como se temía, el déficit seguía bastante por encima del 3% exigido para la unión monetaria. Los auditores lo han estimado entre un 3,5% y un 3,7% a fin de 1997, según sea la evolución de la economía en el segundo semestre. El ministro de Finanzas, Dominique Strauss-Kalm, anunció una subida del impuesto de sociedades del 36,6% al 41,6% y el recorte del gasto para poder reducir el déficit en un 0,41/%. Es decir, asume que, en el mejor de los casos, acabará en el 3,1% del PIB.

La realidad, ahora, es que el déficit francés se mantendrá por en cima del 3% cuando, en la próxima primavera, se elabore la lista de los países en condiciones de acceder al euro. Combinando el aumento del Impuesto de Sociedades y la reducción del gasto, se logrará reducir el déficit cuatro décimas. Eso quiere decir que, si la coyuntura económica es buena, el déficit será del 3,1 % (cuatro décimas menos del 3,5% de las previsiones más optimistas). Si no, será del 3,3%. Strauss -Kahn se curó en salud e hizo hincapié en que Francia cumplirá todos los demás criterios de Maastricht, incluido el de endeudamiento público (60% del PIB como máximo), cosa que posiblemente no logre Alemania. El recorte lo logrará mediante la aplicación de una subida del Impuesto de Sociedades (IS) del 36% al 41,6% para las empresas con una facturación superior a los 50 millones de francos (en torno a 1.250 millones de pesetas) y, en principio, tendrá una duración de dos años. El Gobierno se comprometió, además, a gastar 10.000 millones de francos (250.000 millones de pesetas) menos de lo previsto para este año.

Sarcasmo patronal

El incremento en casi un 15% del IS, que grava los beneficios de las empresas, era esperado. Y no constituía una novedad. El Gobierno conservador de Alain Juppé también lo subió un 10% en 1995. Durante el fin de semana, sin embargo, el primer ministro Lionel Jospin decidió restringir la medida a las empresas de cierto tamaño (las que facturan anualmente más de 50 millones de francos) y, sobre todo, descartó dos propuestas de Finanzas. La primera consistía en aumentar a las empresas las cotizaciones de jubilación de sus empleados y la segunda en suspender la prevista reducción del IRPF a las rentas más altas. Jospin apostó por cargar toda la presión fiscal añadida sobre las empresas medianas y grandes, con lo que el tramo alto del Impuesto de Sociedades francés se convierte en uno de los más elevados de Europa.

Strauss-Kahn justificó el aumento del Impuesto de Sociedades por el importante nivel de beneficios de las empresas francesas y, sobre todo, por el volumen de sus recursos propios. La oposición conservadora opinó que la vuelta de tuerca a la presión fiscal tendrá un doble efecto negativo: reducir la inversión y, por tanto, la creación de empleo, y favorecer el traslado de factorías desde Francia a otros países con impuestos más benignos. La patronal CNPF afirmó, con sarcasmo, que "el país con más presión fiscal del mundo ha decidido resolver sus problemas con un aumento de impuestos".

El Gobierno de Jospin confía en lograr una recaudación adicional de 22.000 millones de francos (550.000 millones de pesetas) gracias al aumento de la presión fiscal sobre las empresas. A ese incremento de los ingresos se unirá un recorte de 10.000 millones en los gastos de este año. Strauss-Kahn no especificó a qué ministerios corresponderán esos ahorros, aunque adelantó que unos 2.000 millones serán asumidos por el Ministerio de Defensa. "Nuestro objetivo es recaudar más sin impedir el crecimiento económico", señaló el ministro. Fue una forma de evocar uno de los grandes errores de Alain Juppé: con su alza generalizada de impuestos en 1996, el anterior primer ministro inhibió el consumo interno e impidió que la recuperación de la coyuntura internacional beneficiara a Francia.

El resultado de la auditoría encargada por Jospin a dos prestigiosos miembros del Tribunal de Cuentas permitió también descubrir otros errores de Alain Juppé. A principios de año, tanto Juppé como el presidente, Jacques Chirac, sabían que el déficit se mantenía demasiado alto y que, pese a todas las reformas y alzas de impuestos, el objetivo del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) fijado en el Tratado de Maastricht era inalcanzable, a no ser que se aplicara un nuevo plan de austeridad. Ese dato permite ahora comprender mejor por qué Chirac convocó elecciones con un año de anticipación y habló de la necesidad de obtener una "nueva legitimidad" para "ir más allá en las reformas".