La Unión Europea no cerrará su primera ampliación hacia el Este antes del año 2002

La primera ampliación de la Unión Europea (UE) a los países del Este no llegará antes del año 2002. Así figura en Agenda 2000, el informe que la Comisión presentó ayer al Parlamento Europeo. La Cámara acogió bien la propuesta de Bruselas de iniciar negociaciones con seis países. Pero los portavoces españoles insistieron en que el coste de la factura no deben sufragarlo las actuales políticas de solidaridad. "Yo sitúo las primeras ampliaciones en torno a los años 2001, 2002 o 2003", manifestó ayer en el Parlamento Europeo el presidente de la Comisión, Jacques Santer.

Santer urgió ayer a los Quince a. concluir con antelación -antes, de fin de siglo- la reforma institucional fracasada en la cumbre, de Amsterdam. Pero al incluir el año 2001, Santer pecaba de optimismo. Las cifras de Agenda 2000 avalan que nadie piensa seriamente en integrar a los primeros países del Este antes del 2002. Las descargas de efusión que a veces se permite el presidente francés, Jacques Chirac, profetizando plazos más cortos, son eso, efusiones.El documento, que servirá de base durante todo el semestre para la discusión de la ampliación, contiene dos cuadros financieros completamente reveladores al respecto. Uno de ellos recoge las previsiones del gasto agrícola: en las casillas del 2000 y el 2001 figuran sendos y redondos ceros. El otro calcula las "ayudas preadhesión" a los 10 aspirantes: a partir del 2002 es incapaz de fijarlas exactamente. Es decir, ningún cálculo prevé adhesiones antes del 2002.

Quién paga la factura

Más allá de esta cuestión de calendarío, los parlamentarios dieron una correcta acogida de principio al trabajo realizado por la Comisión sobre la ampliación y el nuevo paquete financiero. "Tenemos una obligación moral con el Este?', subrayó el socialista Klaus Hansch, y además su integración obedece a "nuestro propio interés de cálculo, porque o les exportamos estabilidad o algún día importaremos de ellos inestabilidad política". Esta ampliación es "nuestra principal tarea", coincidió el liberal Gijs de Vries, mientras la verde Magda Alvoet criticó que Bruselas haya seleccionado seis países (Chipre, Polonia, Hungría, República Checa, Estonia y Eslovenia) para negociar la primera oleada, en vez de negociar con los 10.Los españoles plantearon la gran cuestión: quién pagará la factura de la ampliación, calificada por Santer de "auténtico Plan Marshall para el Este". Carlos Carnero, de Izquierda Unida, reclamó "profundización al mismo tiempo que ampliación". El popular Miguel Arias-Cañete fue el más combativo. Criticó la propuesta de la Comisión por "miope", pues "pretende convencernos de que todo se puede financiar", las políticas actuales y la ampliación, sin incrementar el presupuesto.

Los números de Agenda 2000 dan alguna razón a Cañete y Royo, aunque sin dramatismos. Los dos grandes bocados del presupuesto, la política estructural y la política agrícola común (PAC), aumentan entre el año 2000 y el 2006. La estructural pasará de 34.300 millones de ecus (5,4 billones de pesetas) a 42.800 millones, lo que supondrá el 38,41/6 del presupuesto en 2006. La PAC, de 45.000 millones de ecus (7,2 billones de pesetas) a 59.200 millones lo que equivaldrá al 44,8% del gasto. Pero el sacrificio de la ampliación corre más a cuenta de la política estructural porque sus fondos para los Quince disminuirán desde 31.400 millones de ecus (5,1 billones de pesetas) a 27.300 millones (4,3 billones de pesetas). Mientras que los fondos agrícolas para los actuales socios aumentarán.

"Sí, se paga un precio por la ampliación", reconoció la comisaria Monika Wulf-Mathies, "pero dos tercios" de los 45.000 millones de ecus (siete billones de pesetas) ya fijados para el Este, "los abona el propio crecimiento económico" calculado en un 2,5% anual, pues las aportaciones al presupuesto crecerán en ese porcentaje. El otro tercio saldrá de las regiones, muy subsidiadas, cuya renta es hoy inferior al 75% del promedio comunitario y que a fin de siglo superarán ese listón. Se les seguirá subvencionando, pero menos, por un plazo transitorio máximo de seis años. En España, afectará probablemente al País Valenciano, Cantabria y quizá Castilla-León.