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Acuerdo general entre CiU y PSC sobre la futura ley del catalán

La ponencia parlamentaria encargada de elaborar la futura ley del catalán terminará la semana próxima la primera. lectura completa del nuevo articulado, del que CiU ha retirado su idea inicial de obligar a las empresas privadas a estar en condiciones de atender y corresponder a sus clientes en el idioma oficial (catalán o castellano) que éstos elijan. Esta renuncia de CiU forma parte de un acuerdo con los socialistas, gracias al cual estos últimos han depuesto su oposición general a la elaboración de una nueva ley del catalán que sustituya a la actual, vigente desde 1983.El pacto CiU-PSC se enfrenta a una doble oposición, en ambos casos minoritaria. Por una parte, la del PP, que considera vulnerados los derechos de los castellanohablantes; por otra, la de los, independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partit per la Independéncia (PI), para quienes la renuncia de CiU a imponer el uso del catalán en las relaciones socioeconómicas privadas es una abdicación inaceptable.

La futura ley establecerá un régimen indirecto de sanciones para los funcionarios públicos,. las emisoras de radio y televisión de concesión autonómica y las empresas que vulneren sus disposiciones lingüísticas. La nueva normativa especificará que los incumplimientos de la ley serán castigados con las sanciones previstas en otras leyes ya vigentes, como las que regulan la función pública y la disciplina de los mercados y la defensa de los consumidores.

Sólo el PP se opone frontalmente a que la nueva ley hable, siquiera indirectamente, de sanciones lingüísticas. Los socialistas, por su parte, consideran innecesario que la ley cite las sanciones porque éstas ya están previstas en otras normativas, pero no discuten su existencia. En el ERC y el PI, por el contrario, se juzga insuficiente este régimen sancionador indirecto y se reclama que la ley del catalán contenga un sistema propio.

Rotulación comercial

La futura ley reiterará la obligación actual de los comerciantes de atender a los clientes tanto si éstos hablan en castellano como si lo hacen en catalán, aunque no estarán obligados a corresponderles en el mismo idioma.Las empresas privadas dedicadas a la venta de productos o a la prestación de servicios sí estarán obligadas a redactar "al menos en catalán" todos sus rótulos y carteles de información general a los usuarios y consumidores en los establecimientos abiertos al público. Las compañías privadas que ofrecen servicios públicos, como las de transportes o suministros, deberán emplear "al menos el catalán" en las facturas y cualquier documentación relativa al tráfico de mercancías, sin perjuicio de hacerlo en castellano cuando los usuarios lo pidan.

Los fabricantes de productos alimenticios, así como los de tóxicos, deberán redactar al menos en catalán todos los datos obligatorios de sus etiquetas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de julio de 1997