El fiscal acusa a Cañellas de lucrar al PP en contra del interés general

Gabriel Cañellas, ex presidente del Gobierno balear y del PP, cometió -según relata el fiscal del caso Sóller, Juan Carrau, en su escrito de conclusiones definitivas desvelado ayer- una "infracción manifiesta y reiterada de las disposiciones legales y reglamentarías" en la concesión del túnel de peaje, a su socio y amigo Antonio Cuart, en 1988. El líder derechista actuó contra los intereses de la comunidad al concertarse con Cuart y lograr de éste una contraprestación de 50 millones de pesetas que "fue a engrosar los fondos del PP, además de beneficiar personalmente al propio acusado Cañellas, a través de una Fundación [Bles Balears] controlada por él mismo".La concesión del túnel de Sóller, según la fiscalía, estuvo "presidida por el favorecimiento interesado", como "la compensación a un pago económico que repercutía parciaImente al PP", porque "Cañellas era plenamente conocedor de tal pago y que el mismo era la única causa de la adjudicación".

El ex secretario general del PP y ex consejero, José Antonio Berastain, es considerado el encargado de la "gestión, ocultamiento y aprovechamiento M dinero [de Cuart] para pagos del PP". Pero esta circunstancia penal como encubridor del cohecho no merece para el fiscal sanción jurídica al haber pasado -desde 1989- los tres anos que marcan la prescripción del delito. IU, que ejerce la acusación popular, pide una condena de inhabilitación para el cajero del dinero negro del PP.

Carrau considera que quien fuera máximo mandatario balear cometió un delito de cohecho y otro de prevaricación continuada, por los queje pide un año de cárcel, 18 de inhabilitación, 100 millones de pesetas de multa y el retomo de los 50 millones de comisiones ilegales. La actuación de Cuart merece casi idéntica calificación penal, con una petición de pena de un año de prisión, nueve de inhabilitación Y 100 millones de multa. El ex consejero de Obras Públicas, Jerónimo Saiz, por prevaricación, puede ser condenado a nueve años de inhabilitación especial.

A juicio del ministerio público, Cañellas fue arbitrario, no veló por los intereses generales y dio un claro trato de favor a un amigo, incumpliendo una larga relación de normas jurídicas de contratación y control, y vulneró las específicas para autopistas de peaje. El delegado del Gobierno en la compañía del túnel, Gabriel Lessene, miembro de la dirección del PP en la época en que Cuart pagó las comisiones, es señalado por su "manifiesto incumplimiento de sus deberes". Lessene es director general de Obras Públicas del Gobierno balear.

El fiscal cree que el Gobierno debió rescindir la concesión de aquel servicio público en manos privadas. El túnel de pago generará en 27 años de explotación una cifra de negocio cercana a los 50.000 millones de pesetas. La obra se inauguró en febrero de 1997, con siete años de retraso por la quiebra de la empresa de Cuart.

La constructora FCC -a la que Cuart llegó a deber 2.050 millones- controla hoy la concesión. El letrado del concesionario, Joan Buades, ha intentado durante el juicio demostrar que su cliente no fue beneficiado por el Gobierno. Menos esfuerzo ha puesto en negar los pagos al PP.

El presidente balear, mientras gobernó, entre 1983 y 1995, fue señalado por sus afines y los dirigentes nacionales del PP, como un político ejemplar y un gestor a imitar por los logros que conseguía en Baleares. Al destaparse el escándalo del caso Sóller, José María Aznar obligó a Cañellas a dimitir del Gobierno regional y como presidente del PP, pero Cañellas sigue siendo diputado y dirigente regional.