Pagos del 'caso Sóller' se amparan en una factura falsa de 136 millones

Las supuestas comisiones ilegales cobradas por el PP del empresario del túnel de Sóller, Antoni Cuart, se guarecieron en una posible factura falsa que indicaba, "Preparación y acondicionamiento del terreno" y "replanteamiento de la concesión". El valor declarado en la contabilidad de la sociedad era de 136.445.120 pesetas (más IVA pero ayer el ex ministro de la Vi vienda de los años setenta Francisco Lozano -que fue socio vicepresidente con Cuart en la firma del túnel- aseguró, ante el Tribunal Superior de Baleares que "nunca" en el Consejo de Administración se había tratado , ni aprobado el gasto que reseñaba tal documento.La hipótesis de los investiga dores judiciales es que el total de la partida desviada para pago políticos ilegales sumó unos 141 millones de pesetas. Sólo se han controlado el rastro de un cheque de 50 millones y se sabe que una persona no identificada re cogió 72 millones en un maletín en billetes de 10.000 pesetas.

Cobros de un fallecido

"Es la primera vez que la veo", dijo Lozano cuando el fiscal Juan Carrau le exhibió la citada supuesta factura falsa usada como coartada por Cuart. Éste mantiene que la familia de otro socio ya fallecido, Camilo Pereira, cobró las cantidades reseñadas en el documento por la, elaboración del proyecto de obra Lozano dijo que no lo,creía y, rechazó haber intervenido en la contabilidad del túnel, que era responsabilidad exclusiva de Cuart. Este financiero, socio y amigo del ex líder del PP Gabriel Cañellas, manejaba la contabilidad personalmente, y, fruto de los crecientes desacuerdos, Loza no dimitió de la sociedad mediante un acta notarial. El ex ministro Lozano confirmó al fiscal y a la acusación de IU que más de un año antes de lograr la concesión del túnel, él, Cuart y Pereira se entrevistaron con Cañellas para exponer su propuesta de perforar y controlar un túnel de pago. Una firma de este grupo presentó al Gobierno balear un pliego de bases y cláusulas del concurso del túnel -que no se usaron- por el que se facturaron 17 millones. El fiscal Carrau cree que el PP balear manejó en 1989, para sus gastos electorales y de funcionamiento, 50 millones negros librados por el concesionario de la obra, Antonio Cuart, poco después de conseguir la adjudicación por parte del Gobierno balear. El acusado de pagar comisiones consignó en los libros que tal cantidad correspondía al "anticipo proyecto". Un año después compró a una empresa de Madrid encausada por supuesto tráfico de facturas irregulares -Compañía Hispanoamericana de Promociones y Construcciones- el reseñado recibo falso de más de 136 millones. Está por acreditar en la vista quién retiró un maletín con 72 millones en efectivo de un banco de Palma. Para ello se ha citado a altos ex ejecutivos del mismo.