La juez fija una fianza de 1.000 milIones a la gasolinera acusada de un vertido "gravisimo"

La juez de Alcobendas que investiga el "gravísimo" vertido de gasolina a un acuífero de San Sebastián de los Reyes ha ratificado la fianza de mil núllones de pesetas que solicitó la fiscalía en una querella por delito ecológico contra los dueños del surtidor. La magistrada ha ordenado ya que se embargue los bienes de la gasolinera desde la que, presuntamente, se produjo el vertido de hidrocarburos al acuífero, cifrado, en 250.000 litros en un informe. La juez, además, ha citado para la próxima semana a los dueños de la gasolinera y a los afectados.

También ha sido citado el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en calidad de perjudicado, según ha sabido este periódico de fuentes de los afectados. Para hacer frente a la fianza de 1.000 millones de pesetas, el juzgado instructor, el número 3 de Alcobendas, ha ordenado también el embargo de las cuentas de explotación de Setor, SA, la sociedad que gestiona esta gasolinera.La fianza de mil millones de pesetas y el embargo de las cuentas de la empresa había sido solicitada al juzgado por la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (véase EL PAÍS del pasado 13 de junio).

Con el embargo de los bienes de la sociedad, hasta cubrir los 1.000 millones de pesetas, se persigue obtener medios ecónómicos con los que financiar un plan que permita reparar en lo posible los gravísimos daños que, según la fiscalía, ha ocasionado el descomunal vertido e hidrocarburos al acuífero.

Luis Rodríguez Ramos, abogado de los dueños de la gasolinera y catedrático de Derecho Penal, indicó ayer que había presentado un recurso contra el auto judicial que ratifica la fianza de mil millones. Rodríguez Ramos aseguró que carece de sentido fijar una fianza de ese calibre cuando "aún se ignora el supuesto daño y perjuicio causados", y menos aún "de dónde parte el vertido". El letrado asegura que el foco procede de la rotura del colector y mal funcionamiento de la depuradora de la adyacente urbanización Arroyo del Fresno.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Llanos, comentó el pasado 14 de junio que se había enterado de la contaminación del acuífero a través de este periódico. Fuentes de los afectados indicaron ayer que hace tres años denunciaron por escrito la situación del acuífero ante la Confederación, sin obtener "respuesta alguna" a sus quejas. La contaminación del acuífero, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha supuesto, según los vecinos, un grave riesgo para la salud de las personas, ya que de él se alimentan pozos de fincas utilizados para el riego y consumo humano. Uno de los afectados citados por la juez en relación con este gigantesco vertido de hidrocarburos es Agustín Díaz Pardo, propietario de una finca adyacente en la que existe un pozo que, según él, utiliza para riego y consumo humano.