Consenso en la CE para expedientar a España por la ley digital

La Comisión Europea (CE) está de acuerdo en abrir el próximo jueves un procedimiento de infracción contra España por la incompatibilídad de la ley de televisión digital con el Tratado de Roma y tres directivas comunitarias. El Ejecutivo advertirá, además, a las autoridades españolas de su intención de solicitar "medidas cautelares" al Tribunal de Justicia europeo, para impedir que se apliquen dichas disposiciones. El ministerio de Fomento no se plantea suspender la aplicación de la ley.

La decisión tomada ayer por los jefes de gabinete de los comisarios europeos fue la de cursar el jueves una "carta de emplazamiento" al Gobierno español. El texto de la misma, de 18 páginas, señala que la ley cuestionada es contraria "a los artículos 30 al 36" del Tratado de Roma, que se refiere a la libertad de intercambio en el seno de la Unión, así como "al artículo 59 y siguientes", sobre la libre prestación de servicios.La Comisión Europea emplaza al Gobierno español para que "en un plazo de quince días de calendario a partir de la recepción de la carta" presente sus observaciones. Y "se reserva la posibilidad" de emitir un dictamen motivado sobre el caso, incluida la petición de medidas cautelares.

Fuentes comunitarias explicaron que esas medidas se dirigen contra el artículo de la ley española que prohibe la comercialización del descodificador simulcrypt, que emplea Canal Satélite Digital. Según la ley cuestionada, ese descodificador sería ilegal desde el 7 de julio próximo, si antes no se produjera un acuerdo entre dicha compañía y sus futuros rivales en el mercado.

Marcelino Oreja, uno de los dos comisarios españoles, impidió que la Comisión apruebe sin debate político el inicio del procedimiento contra el Gobierno español. El consenso de los comisarios a la propuesta del responsable de Mercado Interior, Mario Monti -muy apoyado por el de Industria y Telecomunicaciones, Martin Bangemann- podría haberse traducido ayer mismo en el acuerdo de envío de la carta de emplazamiento al Gobierno español, pero la petición de Oreja hará que se debata en Comisión. Esa solicitud sólo refleja la "importancia política" dada al asunto, ya que a efectos prácticos no cambia nada, según Europa Press.

Además de la violación del Tratado de Roma, la Comisión advierte que la ley española va en contra de tres directivas. Dos de ellas (83/189/CEE y 89/552/CEE) impiden a los Estados miembros aprobar normas técnicas y administrativas que obstaculicen la libre prestación de servicios, y la tercera (95/47/CE) es la que regula la transmisión de señales de televisión. Ésta última, paradójicamente, había sido alegada por el Gobierno español para justificar su urgente decreto-ley digital, más tarde convertido en ley.

Otras fuentes de Bruselas, citadas por la agencia Efe, afirman que el Gobierno español está en contacto telefónico con el comisario Monti para buscar, de aquí al jueves, una fórmula "que deje en suspenso la aplicación de ese artículo de la ley española".

En relación con esa noticia, la portavoz del ministerio de Fomento comentó a EL PAÍS que el Gobierno proporcionará a la Comisión Europea toda la información que le pida; pero no se plantea suspender la aplicación de la norma. En todo caso, cualquier reforma de una ley correspondería al Parlamento y no al Gobierno, agregó la portavoz.

Frente a esa posición, la Comisión Europea considera necesario actuar con rapidez "en vista de la naturaleza de las infracciones" y de "la gravedad de los daños al orden jurídico comunitario, así como del riesgo de perjuicios graves e irreparables para los operadores económicos que podría provocar la aplicación de las disposiciones en cuestión".