España protesta ante la UE por su apoyo a la política pesquera británica

El ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, ha remitido un escrito de protesta al presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, por su apoyo al Reino Unido en su estrategia contra el funcionamiento de las empresas pesqueras conjuntas en ese país.El ministro de Exteriores afirma que la legislación comunitaria permite a los barcos desembarcar sus capturas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y que no se puede exigir que una parte o el total del producto se desembarque en puertos nacionales, como pretende el Reino Unido.

En relación con la exigencia de que los tripulantes sean residentes en el Reino Unido para poder realizar sus tareas en los puertos británicos, el ministro señala que este requisito ha sido declarado contrario a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en la UE.

Por su parte, los armadores de las empresas pesqueras afectadas han calificado la carta de "disparate" y acusan a Santer de tomar partido y poner la Comisión al servicio de un Estado en detrimento de otros ciudadanos comunitarios.

Los armadores españoles de empresas con capital nacional y extranjero han reaccionado con indignación al conocer el apoyo de Santer a las exigencias británicas. Para Antonio Tovío, responsable de la asociación Interpesco, la postura del presidente de la Comisión "es incomprensible cuando hay una sentencia del Tribunal de Luxemburgo a favor de los barcos de las empresas conjuntas". En opinión de Margarita Mainza, directora de la Asociación Nacional de Armadores de Sociedades Conjuntas (Anasco), la posición de Santer "ha sido poco ética".

Apoyo legal

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo a la que se refieren los armadores condena al Gobierno británico por su política contra las empresas conjuntas. El texto señala que estas sociedades deberán mantener unos vínculos económicos con el país donde se hallan abanderados, pero a renglón seguido añade que esos vínculos no podrán nunca dificultar el funcionamiento de las empresas en otros territorios.Pese a que la razón parece estar del lado de los armadores españoles, éstos desconfían de la efectividad de la carta enviada por Abel Matutes al presidente de la Comisión Europea con objeto de vencer las resistencias británicas al libre funcionamiento de sus empresas.

Por otra parte, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha solicitado al Gobierno español que plantee ante el Tribunal internacional de arbitraje de La Haya el apresamiento del barco español Arpón por parte de las autoridades de Argentina fuera de las 200 millas territoriales de aquel país, pero multado con 117 millones de pesetas.