El PP da marcha atrás y retira sus acusaciones de "amnistía fiscal" y "amiguismo" contra el PSOE

Ni "amiguismo" ni "trato de favor" ni "amnistía fiscal". El PP retiró ayer el grueso de sus acusaciones contra los anteriores Gobiernos del PSOE para no quedarse solo en su denuncia de que Hacienda había tratado intencionadamente mejor a unos contribuyentes que a otros. La comisión del Congreso de los Diputados creada para investigar las imputaciones del PP pactó un documento sobre los hechos en el que incluso se pone en duda que la deuda supuestamente prescrita se eleve a más de 200.000 millones. Aun así, los populares sólo contaron, para aprobar el documento de exposición de los hechos, con el apoyo de sus socios nacionalistas, catalanes, vascos y canarios, El PSOE se opuso por considerar que el texto no responde a la realidad, mientras que IU-IC se abstuvo al entender que el documento recoge en esencia los planteamientos del PP.

Tras más de 15 horas de reunión durante dos días, la comisión que investiga la supuesta amnistía fiscal del Gobierno socialista no consiguió ayer unanimidad ni siquiera en el relato de los hechos. El Partido Popular y sus socios nacionalistas de CiU, PNV y Coalición Canaria hicieron un esfuerzo de consenso e incorporaron la mayoría de las propuestas del PSOE. Sin embargo, los socialistas decidieron finalmente no respaldar ni una coma de ese primer documento que ha de servir de base a las conclusiones de la comisión. Según la diputada del PSOE María Teresa Fernández de la Vega, en él "no se recogen los hechos constatados en esta comisión".La posición de IU-IC fue la abstención. Según explicó el diputado Joan Saura, en el documento "no se incluye la responsabilidad política del actual Gobierno por la instrumentalización que ha hecho sobre este asunto y no se hace frente al problema del fraude fiscal . Saura añadió que se trata en esencia de un reflejo de la línea argumental del PP, que IU-lC no respalda.

En ese intento de acercamiento, el PP retiró su propuesta inicial sobre los hechos objeto de investigación y ha rebajado considerablemente sus acusaciones. Ya no habla de perdón a unos cuantos contribuyentes amiguetes del Partido Socialista, aunque sí sostiene que hubo negligencia política en sus conclusiones. Por no mantener, el PP tampoco se muestra ahora seguro de que la deuda supuestamente prescrita se eleve a más de 200.000 millones.

Una cifra "imprevisible"

La muestra es que el grupo mayoritario incluyó el siguiente párrafo en el documento que relata los hechos: "La deuda afectada por la prescripción se cifra en 201.329 millones de pesetas. No obstante, a juicio de la comisión, ha de tenerse en cuenta que en las actas de disconformidad, hasta que no se produzca una resolución o sentencia Firme del órgano competente, la cuantía y el efecto económico para la Hacienda ' pública resulta imprevisible". Es decir, ya no se da por sentada la prescripción de una deuda fiscal determinada, sino que se admite que dependerá de las resoluciones que al efecto adopten los tribunales.Pese a que el PP pinchó ayer en buena medida su propio globo, el PSOE consideró que ni siquiera se puede hablar de una cifra concreta de deuda fiscal con riesgo de prescripción. Según explicó Teresa Fernández de la Vega, de la documentación remitida por el Gobierno a la comisión no se desprende una cantidad exacta, ya que esa información es confusa, incompleta y contradictoria.

En cuanto a si la actuación del anterior Gobierno fue o no negligente, la comisión reduce su apreciación de los hechos a "un conflicto jurídico en relación a la interpretación y alcance del artículo 31.4 del Reglamento General de la Inspección, que subsiste en la actualidad". Es decir, que la Administración Tributaria durante el Gobierno de Felipe González se limitó a aplicar su criterio de que el periodo de la inspección terminaba con el trabajo de investigación y comprobación de un fraude fiscal y no con el periodo de liquidación.

Respecto a las posibles responsabilidades políticas del anterior Ejecutivo, el presidente de la comisión, el diputado del PNV Jon Zabalía, señaló que será en las conclusiones que hoy se aprueben donde podrá determinarse si existieron o no. La representante del Partido Nacionalista Vasco Margarita Uría redujo su visión de este aspecto a la idea de que la Administración Tributaria podría haber funcionado con mayor eficacia, aunque añadió que en todos los ámbitos del sector público hay actuaciones mejorables. Convergéncia i Unió (CiU) no se pronunció al respecto, mientras que el Partido Popular negociaba a última con sus socios nacionalistas catalanes las conclusiones que hoy votará la comisión.