Una denuncia sin demostrar, según los socialistas

En la hora final de las conclusiones, la comisión parlamentaria se tropezó ayer con una nueva dificultad, después de cuatro meses de trabajos. El PP pidió que se aplazara a hoy la votación para negociar con CiU. La línea argumental del grupo que sustenta al Gobierno es que los socialistas incurrieron en negligencia política al no tomar medidas a tiempo para evitar la prescripción de los expedientes de Hacienda. CiU, por su parte, sólo ha presentado propuestas para mejorar el funcionamiento de la Agencia Tributaría, en una línea similar al PNV. El PSOE considera que nada está probado e IU-IC pide responsabilidades al actual Gobierno por utilizar políticamente este asunto y al anterior por no haber tomado medidas para mejorar el funcionamiento de la inspección de Hacienda.La principal conclusión del PP es que "a pesar de las insistentes alarmas no existió medida alguna operativa ( ... ) tendente a evitar eficazmente los perjuicios patrimoniales para la Hacienda pública, pudiendo hablarse de una objetiva apreciación de negligencia política en la gestión de los intereses de la Hacienda pública y de una absoluta falta de impulso político de eficaces medidas que no sólo hubieran evitado tales perjuicios sino objetivas discriminaciones en beneficio de determinados contribuyentes".

Responsabilidades

El PSOE por su parte, considera que "la comisión no ha podido verificar la realidad de la denuncia efectuada por los actuales responsables de la Administración Tributaria y ratificada por el presidente del Gobierno: ni ha sido posible determinar la existencia de 600 expedientes prescritos, ni es cierto que sea un hecho el que la Hacienda Pública haya dejado de percibir 200.000 millones de pesetas". Señala, además que "no ha existido ni existe posibilidad de injerencia política en las decisiones de los inspectores fiscales".En cuanto a las conclusiones de IU-IC, las principales son las siguientes: "Constatar que los expedientes susceptibles de ser perjudicados por la posible prescripción corresponden a contribuyentes de elevada capacidad económica"; "existencia de defectos en la organización planificación y métodos de trabajo de la inspección de los tributos"; existencia de "responsabilidad que corresponde a los anteriores gobiernos" por no haber tomado medidas al respecto"; y "denunciar la instrumentalización oportunista realizada por el actual Gobierno de los hechos examinados y constatar el daño ocasionado a la Hacienda pública". La coalición insiste en pedir la dimisión del actual director de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, "por incumplir el deber de colaboración con el Parlamento".