Un consejo contra el caos televisivo

El mapa del presente y del futuro de la televisión en España se está configurando en medio de un caos cada vez más confuso, en que el Gobierno actual del PP y algunos grupos económico-mediáticos intentan apoderarse de la televisión para utilizarla como medio de poder político, económico y social. El PSOE tiene también alguna responsabilidad de esta situación. Tanto el Gobierno anterior como el partido socialista han carecido de una política clara y coherente en materia de comunicación. La tardanza en la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones por Cable y del preceptivo reglamento propició múltiples situaciones irregulares, principalmente en la concesión de las licencias municipales correspondientes por parte de los ayuntamientos del PSOE y del PP. Tampoco la regulación de la televisión digital por satélite fue acometida a su tiempo por el Gobierno socialista, dejando de incorporar al ordenamiento jurídico español la directiva de televisión digital.Los vacíos socialistas han servido de excusa a la voracidad audiovisual del PP, que está practicando abiertamente una política intervencionista, olvidándose de su pretendida imagen liberal. La utilización de los medios de comunicación como poder es una de las pocas cosas claras de José María Aznar, que ha aprendido muy bien por su tradición familiar en la época de Franco y en lo que está bien entrenado por sus prácticas desde el Gobierno de Castilla y León, donde contó con la ayuda de su principal asesor, el actual y polémico secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. Es tanta la prisa que tiene el PP para controlar el poder de los medios de comunicación que no lo oculta y utiliza para ello, como vía legislativa habitual, el decreto-ley, que, por definición y constitucionalmente, es un procedimiento excepcional.

Una de las primeras medidas legislativas del Partido Popular fue precisamente la aprobación en junio de 1996 del real decreto-ley de liberalización de las telecomunicaciones, al que siguió en enero de este año el real decreto-ley denominado de televisión digital. Por una vez que el PP ha utilizado el procedimiento normal del proyecto de ley, en el caso de la denominada Ley del Fútbol Televisado, lo ha hecho dotándola de efectos retroactivos, en contra del principio general de la irretroactividad de las leyes que protege los derechos adquiridos y la seguridad jurídica de acuerdo con lo establecido en nuestro Código Civil.

Un hecho de suma gravedad ha sido que el Gobierno del PP se haya convertido en juez y parte en el desarrollo de la televisión digital, impulsando desde el poder una plataforma afín a sus intereses e ideología, confundiendo los intereses públicos con los privados, en lugar de actuar de manera imparcial, en contra concretamente del Estatuto. de Radiotelevisión, que impide a la televisión pública participar en operaciones económicas con entidades privadas.

En España se necesita una clarificación total, del panorama televisivo actual y del futuro, en el que deben convivir televisiones de ámbito nacional, autonómico y local, digitales, por cable, por satélite y por vía terrestre, públicas y privadas, de pago y de régimen abierto, a lo que hay que añadir la confusa situación de la radio, donde se anuncia la próxima concesión de licencias de frecuencia modulada. Por el momento, la situación es de un totum revolutum. En la televisión pública no existe ningún modelo de desarrollo futuro y sí, por el contrario, una clara instrumentalización política. Al mismo tiempo, algunas comunidades autónomas han aprobado la privatización de sus canales televisivos sin que se debatiese antes por el Parlamento nacional si se debe modificar la Ley del Tercer Canal. No menos confuso es el desarrollo de las televisiones privadas, en las que es necesario garantizar el pluralismo y la transparencia de las empresas informativas. A menos de dos anos de la resolución de las actuales licencias, sin esperar a agotar los plazos, el Gobierno del PP ha anunciado la creación de nuevos canales privados, sin que se conozcan razones ni criterios.

En este contexto, intentar racionalizar el espacio audiovisual español y reconducirlo a un debate sobre la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a una información veraz puede ser un intento tan dificultoso como el del mito de Sísifo.

En el panorama televisivo actual, en el que no hay normas jurídicas o éticas adecuadas y las que existen no se cumplen, en que cada día más frecuentemente se utiliza la información como mera mercancía o como instrumento de poder, en que a los ciudadanos se les trata como meros consumidores de telebasura, el primer paso para salir del caos debería ser la creación del Consejo Superior de lo Audiovisual, tal como fue propuesto por acuerdo unánime del Senado en la legislatura pasada y concebido como órgano Independiente nombrado por el Parlamento como instancia pública con funciones de obligado asesoramiento del Gobierno y del Parlamento en todo lo referente a la legislación y desarrollo del sector audiovisual, incluida la con cesión de licencias de emisión, con la misión de vigilancia del cumplimiento tanto de las normas jurídicas como de los códigos deontológicos y de protección de los derechos fundamentales de las personas en relación con la publicidad y los contenidos audiovisuales.

Lamentablemente, ni desde el Gobierno ni desde los partidos de la oposición se recuerda la urgencia de su puesta en práctica. Si es lógico que el Gobierno del PP se haya olvidado del mandato del Senado, resulta incomprensible la amnesia desde el PSOE y desde IU. En lugar de apostar por este consejo imparcial e independiente como única autoridad sobre todo el sector audiovisual, desde la televisión digital hasta el fútbol televisado, primero los dirigentes socialistas y después los de Izquierda Unida han optado por apoyar como sucedáneo la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, órgano dependiente del Gobierno que, sin embargo, se ha aceptado como única garantía de imparcialidad en el desarrollo de la televisión digital. Han marginado sus deberes como partidos de izquierda por el plato de lentejas de colocar a algunos de sus representantes en un órgano en el que además están en evidente minoría.

Un modelo parecido se acaba de repetir, con las mismas complicidades en relación con la Ley del Fútbol Televisado, con la creación de un nuevo consejo, presentado también como independiente, que, sin embargo, se enmarca dentro del marco gubernamental. Mientras tanto resulta patético y bastante hipócrita que tanto los dirigentes del PSOE como los del PP intenten probar su pureza audiovisual con la creación de comisiones parlamentarias sobre abusos de poder y al mismo tiempo no se ponga remedio a la situación actual con la creación urgente de un único consejo audiovisual imparcial, tal como existe en toda la Europa comunitaria, como autoridad independiente, que sería un instrumento adecuado contra las arbitrariedades y abusos de poder.

En esta situación, no es descabellado excluir que desde La Moncloa se intente resucitar cualquier día el antiguo proyecto de Miguel Ángel Rodríguez de regenerar dogmáticamente el panorama audiovisual español con una regulación jurídica de los contenidos audiovisuales, incluyendo la definición de las noticias de interés general y la obligatoriedad de su difusión.