Fraga advierte a Rato que es "imposible" implantar la reforma educativa sin más dinero

Las insuficiencias financieras del sistema educativo impulsaron a Manuel Fraga, fundador del Partido Popular y presidente de la Xunta de Galicia, a dirigirse directamente al vicepresidente económico, Rodrigo Rato, en demanda de más dinero del Estado. En una carta enviada a Rato con fecha del 24 de marzo, el presidente gallego se queja de que su comunidad "no ha recibido aún ninguna ayuda" para hacer frente a las nuevas necesidades. Al describir la actual situación, Fraga es tajante: "Nos está resultando imposible asumir la implantación de la reforma educativa".

Esta llamada de atención sobre la situación financiera de la educación coincide con el criterio expresado por el defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, en cuyo informe anual de 1996 se advierte sobre las consecuencias de los recortes del gasto público: "No debiera padecer sus efectos el sistema educativo, sobre el que necesariamente se ha de cimentar cualquier progreso futuro".Manuel Fraga encabeza su carta a Rato con un "Querido vicepresidente y amigo" escrito a mano y continúa recordando que "el Ministerio de Educación y Cultura está iniciando el proceso de transferencias plenas, en materia no universitaria, a las diez comunidades autónomas que faltan por asumirlas".

El proceso al que se refiere el presidente de la Xunta debe concluir antes del 1 de enero de 1998 si se cumplen las previsiones. Las necesidades extraordinarias de estas diez comunidades para una adecuada aplicación de la reforma superan los 160.000 millones, incluidas las inversiones en infraestructuras, Formación Profesional, bachillerato, servicios de orientación, programas de garantía social (de inserción. laboral y contra el fracaso escolar) y conciertos con centros privados concertados.

"Según tengo entendido", afirma Fraga, "está prevista, en este marco, una financiación específica para la implantación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). "En junio del pasado año, hemos entregado a la ministra [Esperanza Aguirre] un dossier con el resumen de lo que nos supondría, a esta comunidad autónoma, el coste de las nuevas exigencias de la citada LOGSE", continúa el presidente de la Xunta.

Aunque no explica los resultados de esa gestión ante Aguirre, el escrito del presidente gallego prosigue en tono reivindicativo: "Te ruego hagas todo lo posible para que se nos incluya en el referido grupo de comunidades autónomas y podamos, en este marco, optar a una financiación que nos corresponde por ley y por justicia". Después de tan rotunda solicitud, Fraga termina su carta diciendo: "Gracias de antemano por tu seguro apoyo".

La carta de Fraga ha estado precedida de numerosas declaraciones públicas de su consejero de Educación, Celso Currás. Galicia, por su fuerte dispersión geográfica, es especialmente sensible a los problemas de la implantación de la ESO, con el consiguiente trasvase de alumnos de primaria a institutos alejados de sus casas. Las protestas fueron frecuentes en el curso 95-96 y determinaron el cese del anterior consejero, Juan Piñeiro, actual presidente del Consejo Escolar del Estado. Con la llegada de Currás se congeló el proceso, y más del 75% de los alumnos de ESO dan ahora sus clases en colegios de primaria que no suelen reunir las condiciones exigibles.

Una eventual respuesta positiva del Gobierno a la demanda de Fraga debería tener consecuencias para las restantes comunidades, ya que teóricamente todas deberían disponer de una red educativa similar. Aunque no se dispone de cifras oficiales, la estimación de la inversión extraordinaria para todo el país oscilaría entre los 300.000 y los 400.000 millones (incluidos los 160.000 de las transferencias). Es decir, el milagro para el Ejecutivo sería cómo compensar las deficiencias de cada comunidad sin sobrecargar los presupuestos de los próximos años.

Transferencias

Sigue pendiente la negociación de las transferencias no universitarias, que no ha comenzado formalmente entre el ministerio y las diez comunidades afectadas. El proceso afectará a unos 2,8 millones de alumnos, 140.000 profesores y 5.300 centros. Diversas comunidades han dejado ver su preocupación por el retraso de la negociación.La diputada socialista Amparo Valcárcel, de la Comisión de Educación, criticó el "oscurantisino" del ministerio por no dar a conocer una valoración del coste efectivo de las transferencias y alertó sobre "el riesgo de que puedan originarse importantes desigualdades entre comunidades, lo que podría poner en peligro la igualdad de oportunidades de los alumnos".

El Congreso ha rechazado en los últimos meses una iniciativa de CC OO y otra del PSOE sobre una ley de financiación que permitiera garantizar la calidad del sistema y su homogeneidad por comunidades.

Por otra parte, el Ministerio, de Educación manifestó ayer que "las denuncias del Defensor del Pueblo son achacables a los gobiernos del PSOE" en su inmensa mayoría. El ministerio acusó al PSOE en un comunicado de hacer una interpretación sesgada del informe y criticó las "informaciones parciales e interpretaciones interesadas" de algunos medios de comunicación.