El cacique de Valencia

LAS DECISIONES más recientes de la Generalitat valenciana muestran una tendencia decidida hacia el caciquismo y el intervencionismo. Si el proyecto de ley sobre cajas de ahorro que defiende el presidente Zaplana puede tener consecuencias imprevisibles para el sistema financiero de las autonomías por su mayor politización, la decisión del Gobierno valenciano de recortar el presupuesto de la sanidad para financiar el fútbol profesional retrotrae a la Comunidad Valenciana a los años de la ominosa consigna "más deporte y menos latín", tan cara a la dictadura. Tan pintoresco criterio para repartir los fondos presupuestarios lleva a sus últimas consecuencias los delirios del PP, que colocan al fútbol como servicio de "interés general", objeto de subvenciones e intervención del Gobierno, mientras se relega la sanidad pública a la categoría de lujo excedente.El proyecto de ley sobre cajas de ahorro, ahora en trámite parlamentario en las Cortes valencianas, amenaza con crear una situación inestable. El objetivo que aparentemente persigue el proyecto es reforzar el control del Ejecutivo autónomo sobre las cajas por el procedimiento de autoasignarse la capacidad de nombrar a las personas integrantes de los órganos de gobierno de esas entidades financieras. El aumento de representación política en dichos órganos de dirección ha sido criticado por informes jurídicos independientes y va en contra de los tiempos. Pero es que, además, Zaplana y su equipo han sido incapaces de precisar quién y con qué procedimiento designará a tales representantes. La genérica indicación de que serán las Cortes quienes lo decidan, concedida después de meses de polémica, no aclara si la representación será proporcional a la composición del Parlamento valenciano o si, cómo teme la oposición, el PP propondrá los nombres, que serán aprobados con el apoyo de Unión Valenciana.Si en el conjunto del sistema financiero el peso de las cajas de ahorro es significativo (casi el 50% del mismo), en el caso de Valencia cobra una dimensión especial. La financiación de las familias y de las pequeñas y medianas empresas, junto a la proyección cultural y social que consiguen con la asignación de parte de sus excedentes, convierten a Bancaixa, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Ontinyent y Caixa Carlet en dinamizadores imprescindibles del desarrollo regional. La autonomía de sus decisiones les ha granjeado unos niveles de solvencia similares a los de la banca comercial.

El proyecto de ley de cajas de Zaplana es ilustrativo de cómo las administraciones autonómicas del PP empiezan a cuestionar la autonomía financiera de las mismas, con la pretensión de controlarlas. Esta estrategia es insana y contraria a los intereses de las entidades financieras como empresas, porque su excesiva politización generará inevitablemente desconfianzas razonables entre sus clientes y debilitará su estabilidad y solvencia. Zaplana ha creado un problema allí donde la necesidad de intervención de los poderes públicos se limitaba a garantizar el libre funcionamiento de las instituciones.