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Todos los grupos rechazan el Estatuto de la Función Pública elaborado por el Gobierno

Todos los partidos rechazaron ayer el proyecto de Estatuto de la Función Pública que, según anunció el secretario de Estado de Administración Pública, Francisco Villar, el Gobierno pretende llevar al Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Socialistas e Izquierda Unida (IU) denunciaron, a la vista del borrador del texto, la consagración legal de la libre designación en el nombramiento de los puestos directivos de la Administración y la flexibilización del régimen de incompatibilidades de los funcionarios.

Villar no lo tuvo fácil para defender el proyecto del Estatuto de la Función Pública, una de las promesas electorales del PP, en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso. Los portavoces del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y de IU, José Vaquero, pidieron al Gobierno que no se apresurara en su aprobación ante las críticas que obtuvo de todos los grupos parlamentarios. Incluso, los aliados nacionalistas del Gobierno lo tacharon de "muy poco maduro".Villar destacó que el Estatuto define "un modelo global y homogéneo de función pública, pero con flexibilidad para adaptarse a todas las administraciones". En un terreno más concreto, destacó la consagración de la oferta de empleo público, la incorporación del código ético, la regulación de la función directiva, el diseño de carrera profesional y el establecimiento de una política retributiva incentivadora.

El portavoz del PSOE denunció la generalización de la libre designación en el nombramiento de los directivos de la Administración. Se basó en el apartado sobre el desempeño de la función directiva, que en su artículo 38 señala: "El concurso de méritos específico tendrá en cuenta la categoría, la experiencia, conocimientos profesionales, los cursos de formación y perfeccionamiento, titulaciones y demás méritos que se consideren adecuados. La valoración de estos méritos supondrá, como mínimo, el 50010 de la puntuación máxima total; el resto de la puntuación quedará a la libre apreciación de la autoridad convocante".

Rodríguez Zapatero denunció que "si la libre apreciación de la autoridad convocante vale un 50% para la designación de puestos directos es lo mismo que generalizar la libre designación". Aseguró que "es una marcha atrás" pues la libre designación se limitaba a los subdirectores generales en la etapa socialista y denunció el incumplimiento de las promesas electorales del PP que abogaban por "la profesionalización de la Administración". Vaquero, de IU, defendió las mismas tesis.Los portavoces del PSOE e IU denunciaron también la flexibilización del régimen de incompatibilidades de los funcionarios. "El sistema anterior tasaba un régimen claro de incompatibilidades que ahora desaparece", señaló Rodríguez Zapatero. Se refirió al punto 2 del artículo 83 del proyecto que señala: "También se exceptuarán (del régimen (le incompatibilidades) las actividades que determinen, en su caso, el Gobierno o los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, siempre que no puedan considerarse incompatibles en virtud de lo establecido en los dos artículos anteriores".

El portavoz socialista denunció también la "discriminación 11 por el establecimiento de un Código ético exclusivamente para los funcionarios, dejando exentos a los altos cargos.

Las portavoces de CiU, Carme Gil, y del PNV, Margarita Uría, denunciaron la inadecuación del proyecto al Estado (le las autonomías. Villar mostró una actitud flexible ante el chaparrón de críticas y ofreció un diálogo a todos los partidos antes de que el proyecto llegue a la mesa del Consejo de Ministros.

Asimismo, Villar presentó ante la comisión el listado de los altos cargos que ocupan puestos de consejeros en empresas públicas. Según sus datos, más del 50% de los altos cargos ocupan esos puestos, por los que perciben retribuciones entre 900.000 y 2,6 millones de pesetas al año.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de junio de 1997

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