Los problemas económicos se acumulan sobre la mesa del nuevo primer ministro francés

Lionel Jospin acaba de instalarse en el despacho oficial de Matignon y sobre su mesa se acumulan ya las urgencias económicas. A la inmensa expectación ante su política respecto al euro se suman cuestiones industriales: la privatización de France Télécom, que debía haber comenzado el lunes, está suspendida; la fusión de Aérospatiale y Dassault ha quedado en el aire, y el sector del automóvil, que anuncia nuevos despidos, sigue en caída libre. La Bolsa de París espera con cierta calma a que Jospin rompa su mutismo, pero los grandes inversores amenazan con una retirada en masa si los socialistas cumplen su promesa de derogar la ley de fondos de pensiones. Patronal y sindicatos se han apresurado a reclamar políticas opuestas de Jospin.

La decisión de Jospin sobre France Télécom permitirá evaluar hasta qué punto está dispuesto a aplicar su programa económico. Los socialistas anunciaron, al principio de la campaña electoral, que la gran empresa de telecomunicaciones permanecería bajo control del Estado, para evitar que "los intereses a corto plazo de los accionistas privados" impidieran prestar "un auténtico servicio público". Luego matizaron esa posición y Jospin llegó a decir que "consultaría" a los empleados de la empresa, muchos de los cuales parecían deseosos de adquirir las acciones barata que les eran ofrecidas como parte de la privatización.La solución a la incógnita de France Télécom es crucial porque si no recibe los ingresos por la venta del 30% del capital, estimados en unos 50.000 millones de francos (alrededor de 1,25 billones de pesetas), el presupuesto francés presentará un grave déficit a fin de año. Los principales sindicatos de la compañía, CGT y SUD, se oponen a la privatización. Pero el moderado CFDT, por el contrario, la exige.

Por otra parte, la alemana Deutsche Telekom ha anunciado la venta de un gran paquete de sus acciones a un socio industrial privado: si France Télécom no se propone como comprador, según estaba previsto, un gigante estadounidense puede ocupar su plaza y desbaratar la estrategia europea diseñada con el beneplácito de Bruselas. Jospin tiene ante sí una decisión difícil con France Télécom, y no podrá contentar a la vez a los mercados financieros y a los mayores sindicatos.

Otra crisis urgente es la del sector automovilístico. El grupo PSA (Citroën-Peugeot) anunció ayer 2.800 nuevos despidos (su presidente, Jacques Calvet, se presentaba a las elecciones como candidato de la derecha y retrasó prudentemente la noticia) y, simultáneamente, se supo que el mercado del automóvil francés seguía cayendo en picado: entre enero y mayo, las matriculaciones descendieron un 23% respecto al mismo periodo del pasado año.

Al problema de PSA se suma el de Renault. Jospin se comprometió con los trabajadores de la factoría belga de Vilvoorde a evitar el cierre, y éstos le reclaman que cumpla su promesa. Para la semana próxima, en la que está prevista una reunión decisiva del consejo de administración, los empleados de Vilvoorde han convocado tres días de huelga y una marcha sobre París. Si Jospin interviene para anular, o al menos retrasar, la decisión de cierre, lo hará en nombre del 49% de las acciones que aún detenta el Estado, y enviará con ello una señal de intervencionismo que los inversores percibirán de forma negativa.

En el aire

El paquete de urgencias industriales se completa con Aérospatiale-Dassault y Thomson. El plan de fusión de la gran compañía pública de construcción aeronáutica, Aérospatiale, con la privada Dassault, estaba basado en la privatización de la primera. Sin esa condición, dice Dassault, no hay unión posible. Y si la operación fracasa, toda la reordenación del sector aeronáutico europeo, Consorcio Airbus incluido, quedará en el aire. En cuanto a Thomson-CSF, que el Gobierno de Alain Juppé intentó privatizar por dos veces, sin éxito, es otra pieza clave de la reordenación continental de la aeronáutica y la electrónica de alto nivel.La Confederación Nacional de Patronos Franceses (CNPF) ya ha exigido al nuevo primer ministro que prosiga con las privatizaciones, y reclama "una política económica que refuerce la competitividad". Los grandes inversores institucionales, que esperan con especial atención las primeras indicaciones del nuevo Gobierno, confían en que Jospin no cumpla su promesa de acabar con los fondos de pensiones, recién creados en Francia. Los inversores amenazan con retirarse en bloque de la Bolsa de París si se deroga la ley de fondos de pensiones aprobada por el Gobierno de Juppé.