Atajo hacia el caos

TENÍAMOS UN problema y ya tenemos media docena. El problema era el rechazo por parte del Consejo Fiscal a los tres candidatos presentados para cubrir la vacante de fiscal jefe de la Audiencia Nacional. La respuesta fulminante del Gobierno fue el nombramiento de su candidato favorito. El resultado, un agravamiento del problema: han dimitido un miembro del Consejo Fiscal y los cinco de la secretaría general técnica de la Fiscalía General; las asociaciones de fiscales, anuncian recursos legales contra el nombramiento, que consideran ilegal, y estudian acciones penales por un supuesto delito de prevaricación contra la ministra de Justicia y el fiscal general. Lo que los amigos del Gobierno presentaron corno ejemplo de ejecutividad -"agarrar el toro por los cuernos", etcétera- ha resultado un atajo hacia la generalización de la crisis, que ya no afecta sólo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sino al ministerio fiscal en su conjunto. Todo un récord de habilidad política.Política, porque no estamos ante un simple problema de interpretación legal. Las decisiones que ha ido tomando el Gobierno desde que estalló la crisis de a Fiscalía de la Audiencia Nacional sólo se explican desde su deseo de no contrariar a quienes se habían enrigido en defensores mediáticos de los fiscales amotinados contra el anterior fiscal jefe. Las evidencias de ese amotinamiento contenidas en el informe de la inspección no dejan lugar a dudas. Pese a ello, el desenlace, tras una serie de episodios, es que Aranda está destituido, y el jefe (le los amotinados, promovido al puesto de fiscal jefe. Suponer que semejante carambola pudiera pasar sin suscitar reacciones corporativas revela inmadurez o ignorancia. Por supuesto que hay corporativismo, pero, ¿qué esperaban? La candidatura del nuevo fiscal jefe, Fungairiño, había sido expresamente rechazada por tres veces por el Consejo Fiscal. Si además la legalidad de la decisión es dudosa (como mínimo, rompe el criterio hasta ahora aplicado), estamos ante un caso extraordinario de torpeza. Pero también ante una prueba adicional de que este Gobierno sólo acierta cuando se abstiene de intervenir: cada vez que ensaya un gesto de autoridad, se queda en arbitrario y crea un problema mayor que el que aspiraba a resolver.