Los municipios pequeños sufren un fuerte recorte en las subvenciones del Estado

Los ayuntamientos pequeños, menores de 5.000 habitantes, están a la cabeza de las víctimas de la política presupuestaria de rigor impuesta por el Gobierno para acceder a los requisitos de Maastricht. El programa de subvenciones del Estado para cooperación local ha sufrido un recorte del 26,90%: de 27.216,76 millones en 1996, a 19.894,70 millones en 1997.

Se produce, además, la particularidad de que Cataluña es la única comunidad que no ha sufrido un recorte. Al contrario, las subvenciones para esta comunidad han aumentado globalmente en un 13,36%, aunque las diputaciones de Barcelona y Lleida se sitúan en la media. El Gobierno justifica esta excepcionalidad por la introducción de una partida presupuestaria para paliar los daños de las inundaciones de 1994 en la comunidad catalana.El programa de subvenciones para cooperación local es un instrumento financiero, gestionado por el Ministerio de Administraciones Públicas, del que se benefician los ayuntamientos pequeños, especialmente los de menos de 5.000 habitantes, a través de las diputaciones provinciales. El programa subvenciona obras, servicios, mejora de carreteras, y acciones especiales como inundaciones.

El recorte global de este programa ha sido tajante, un 26,90% para toda España. Lo denunció recientemente el diputado socialista Victor Morlans ante la C , omisión de Administraciones Públicas del Congreso. Morlans dijo que es 11 excesivamente fuerte para que las diputaciones provinciales puedan atender a las obligaciones que contraen con los ayuntamientos pequeños de sus provincias". "A veces uno piensa, a la vista de tal recorte, que existe el deseo de que las diputaciones desaparezcan añadió Morlans.

El secretario de Estado de Administración Territorial, Jorge Fernández, reconoció la importancia del recorte, pero lo justificó por la necesidad de contribuir a la reducción del déficit público del 4,4% al 3% con el objetivo de cumplir los requisitos de Maastricht. También señaló que al mantenerse el apoyo de los fondos europeos el recorte quedaba algo más suaviza do. No obstante, reconoció que el recorte de un 26,90% de 1996 a 1997 era importante.

El diputado socialista Morlans, en esa misma comparecencia ante la comisión, pidió al Gobierno que facilitara la distribución territorial del recorte. Vaticinó que "en esa distribución hay unas provincias más beneficiadas que otras".

El secretario de Estado de Administración Territorial, Jorge Fernández, ha dado a conocer estos días el reparto territorial en cuya distribución también participó una representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Una comunidad destaca por encima de todas, Cataluña, la única cuyo saldo comparativo con 1996 arroja positivo, un 13,36%.

El Gobierno explica este crecimiento por la introducción en los Presupuestos de 1997 de una partida adicional para paliar los perjuicios de las inundaciones 1994. Fue introducida a través una enmienda que presentó CiU por valor de 1.610 millones de pesetas, de los que 1.358 millones correspondieron a Cataluña, y que contó con el respaldo del Partido Popular. La partida la ha gestionado la Generalitat de Cataluña cuyos ingresos por este programa han crecido en 699,39 millones 1996 a 1997.

Las subvenciones positivas recibidas por dicha comunidad cotrastan con las de las demás comunidades. Por ejemplo, es llamativo el recorte sufrido por las ocho diputaciones andaluzas -con una media global del 41,06%, destacando Cádiz con un 58,70%, Jaén con un 59,06%- y el de las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana con un 43,40% media.

Las comunidades de Murcia Castilla-La Mancha también h2 percibido importantes recorte La primera, de un 39, 10%, y la segunda se sitúa en una media de 35,48%. "Con esto se echan por tierra los criterios de solidaridad de equilibrio territorial", señala diputado socialista Victo Morlans.

Posteriormente, en abril de 1997, el Gobierno aprobó un decreto-ley por el que se concedía subvenciones por valor de 5.00 millones de pesetas a cinco comunidades autónomas -Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Asturias- también para paliar daños derivados de inundaciones. Esta partida tendrá reflejo en el programa del próximo año, según las fuentes gubernamentales consultadas.